El fallo de la Cámara Nacional Electoral que insta a modificar la actual composición de la Cámara de Diputados en función del número de habitantes de cada provincia pone en evidencia una seria distorsión generada a lo largo de las tres décadas y media transcurridas desde la restauración de la democracia. Sin embargo, queda en claro que cualquier intento de corrección debería enfrentar la posibilidad de abrir serios conflictos políticos, además del probable rechazo de una ciudadanía cuya percepción del funcionamiento de las instituciones no es precisamente halagüeño.
La Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados se compondrá de “representantes elegidos directamente por el pueblo” de cada jurisdicción, y que el número correspondiente a cada una será fijado “después de la realización de cada censo”. En ese marco, las autoridades de la última etapa de la dictadura la conformaron de acuerdo con el censo de 1980, con una distribución que se mantiene hasta la actualidad.
La falta de actualización determina una representación decididamente tergiversada. El hecho de que el reclamo sobre el cual se emitió el fallo de la Cámara haya sido presentado por un elector cordobés no es casual, por ejemplo, dado que nuestra provincia, pese a ser el segundo distrito en número de habitantes, tiene siete diputados menos que la ciudad de Buenos Aires, hoy relegada al cuarto lugar.
La exigencia de un cambio se ajusta entonces no sólo a la Constitución sino al sentido común. Sin embargo, hay razones por las cuales una reforma de apariencia tan lógica no se llevó adelante nunca aunque los cambios verificados por los últimos tres censos han sido drásticos.
Por ejemplo, hacer lo que reclama la Justicia profundizaría la ya desproporcionada influencia de la provincia de Buenos Aires que refleja la distribución actual de las bancas. Y además, habría que ver cómo recibe la población el probable aumento del número total de diputados, ya que según algunas interpretaciones reducir la representación nominal de algunos distritos podría vulnerar derechos adquiridos.
Sin desdeñar la importancia de la representatividad del Congreso, es obvio que en el núcleo del problema, y en las dificultades para resolverlo, hay cuestiones que la trascienden. Desde el desapego del sistema político por el cumplimiento de las normas que se ha dictado a sí mismo, hasta la debilidad del federalismo argentino debido a los inmensos desequilibrios territoriales y demográficos.
La falta de actualización determina una representación decididamente tergiversada. El hecho de que el reclamo sobre el cual se emitió el fallo de la Cámara haya sido presentado por un elector cordobés no es casual, por ejemplo, dado que nuestra provincia, pese a ser el segundo distrito en número de habitantes, tiene siete diputados menos que la ciudad de Buenos Aires, hoy relegada al cuarto lugar.
La exigencia de un cambio se ajusta entonces no sólo a la Constitución sino al sentido común. Sin embargo, hay razones por las cuales una reforma de apariencia tan lógica no se llevó adelante nunca aunque los cambios verificados por los últimos tres censos han sido drásticos.
Por ejemplo, hacer lo que reclama la Justicia profundizaría la ya desproporcionada influencia de la provincia de Buenos Aires que refleja la distribución actual de las bancas. Y además, habría que ver cómo recibe la población el probable aumento del número total de diputados, ya que según algunas interpretaciones reducir la representación nominal de algunos distritos podría vulnerar derechos adquiridos.
Sin desdeñar la importancia de la representatividad del Congreso, es obvio que en el núcleo del problema, y en las dificultades para resolverlo, hay cuestiones que la trascienden. Desde el desapego del sistema político por el cumplimiento de las normas que se ha dictado a sí mismo, hasta la debilidad del federalismo argentino debido a los inmensos desequilibrios territoriales y demográficos.