Tal como se descontaba a partir de lo que iba trascendiendo acerca del avance de la investigación, que con frecuencia por momentos casi diaria iba incorporando testimonios contundentes, el juez federal Claudio Bonadio dictó finalmente el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de la asociación ilícita que durante años llevó adelante un aceitado, aunque también burdo, esquema de corrupción en el área de la obra pública. Ni lo previsible del trámite, ni el hecho de que no se trate de la primera medida de ese tipo que recae sobre varios de los involucrados restan trascendencia al acto, que revela en una extensión mayor que sus predecesores la magnitud del saqueo y el desparpajo con que fue realizado por parte de quienes hoy siguen negando lo evidente con la desgastada excusa de presentarse como víctimas de una persecución política.
La disposición llega cuando en la que por inercia probablemente seguirá llamándose “causa de los cuadernos”, por su llamativo punto de partida, los cuadernos han dejado de ser por mucho la prueba más importante. La transacción sistemática de contratos de obra pública a cambio del pago de sobornos está demostrada por una cantidad de testimonios pocas veces vista en la historia judicial argentina, y la responsabilidad de la expresidenta -heredada de su marido en octubre de 2010- es igualmente incontrastable, avalada no sólo por la presunción de que la cúpula del poder no podía desconocer lo que ocurría, sino por exfuncionarios clave, como José López o Claudio Ubberti, o personas que sin formar parte de la estructura del Estado eran de la máxima confianza de los Kirchner, como el financista Ernesto Clarens y el extitular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner.
Descalificar los dichos de los “arrepentidos” con el argumento de que procuran evitar quedar presos es una obviedad que pasa por alto que esa es precisamente la esencia del sistema. Y también sus límites: quienes se acogen a él saben que mentir los deja fuera del juego y con su situación más grave que antes. Por eso la presunción de que dicen la verdad es tan fuerte. No es posible descartar, por supuesto, la existencia de alguna excepción, o que alguno de los datos no pueda ser corroborado, pero la avalancha testimonial es tan nutrida que descalificarla por completo resulta imposible.
Sin embargo, eso es precisamente lo que se seguirá intentando, sencillamente porque no hay otra respuesta disponible, y existe una porción minoritaria pero numerosa de la sociedad que está dispuesta a avalar esa línea de defensa. Por profesar una devoción casi religiosa hacia la expresidenta, o por la cínica pero pragmática línea argumental del tipo “todos roban, pero con Cristina se vivía mejor”, hay un núcleo duro que no está dispuesto a evaluar razonadamente la evidencia en contra de su líder, que ya era concluyente e incontrastable mucho antes de que aparecieran los cuadernos.
Por eso -y por el previsible rechazo del Senado al pedido de desafuero, ya que la actitud asumida con Carlos Menem no le deja demasiadas alternativas si pretende mantener la coherencia-, el impacto político del procesamiento se ve limitado. A ello ayudan también el efecto desgaste por la repetición, y una marcha de la economía que absorbe las preocupaciones ciudadanas y con toda probabilidad lo seguirá haciendo por lo menos durante varios meses, para fortuna de los que alegan ser “perseguidos”.
Descalificar los dichos de los “arrepentidos” con el argumento de que procuran evitar quedar presos es una obviedad que pasa por alto que esa es precisamente la esencia del sistema. Y también sus límites: quienes se acogen a él saben que mentir los deja fuera del juego y con su situación más grave que antes. Por eso la presunción de que dicen la verdad es tan fuerte. No es posible descartar, por supuesto, la existencia de alguna excepción, o que alguno de los datos no pueda ser corroborado, pero la avalancha testimonial es tan nutrida que descalificarla por completo resulta imposible.
Sin embargo, eso es precisamente lo que se seguirá intentando, sencillamente porque no hay otra respuesta disponible, y existe una porción minoritaria pero numerosa de la sociedad que está dispuesta a avalar esa línea de defensa. Por profesar una devoción casi religiosa hacia la expresidenta, o por la cínica pero pragmática línea argumental del tipo “todos roban, pero con Cristina se vivía mejor”, hay un núcleo duro que no está dispuesto a evaluar razonadamente la evidencia en contra de su líder, que ya era concluyente e incontrastable mucho antes de que aparecieran los cuadernos.
Por eso -y por el previsible rechazo del Senado al pedido de desafuero, ya que la actitud asumida con Carlos Menem no le deja demasiadas alternativas si pretende mantener la coherencia-, el impacto político del procesamiento se ve limitado. A ello ayudan también el efecto desgaste por la repetición, y una marcha de la economía que absorbe las preocupaciones ciudadanas y con toda probabilidad lo seguirá haciendo por lo menos durante varios meses, para fortuna de los que alegan ser “perseguidos”.