ACComo bien se ha comprobado a partir de amargas experiencias vividas en los lugares más diversos del planeta a lo largo del siglo pasado, el tráfico de drogas es una actividad particularmente dañina no solamente por los efectos directos sobre la salud pública de las sustancias que se comercializan, sino por permitir la formación de organizaciones criminales de un poder capaz de competir con el del Estado y hasta a veces de sacarle ventaja. La situación que se vive en Santa Fe, donde desde fines de mayo se han registrado más de una docena de ataques vinculados con el megajuicio concluido hace unos meses contra integrantes de la banda “Los Monos”, refuerza la idea de que el grado en que está instalado el flagelo en al menos algunos lugares de la Argentina coloca al país peligrosamente cerca de otros donde esta problemática contamina todas las esferas de la vida pública.
Los ataques a tiros se realizan contra edificios oficiales y casas particulares relacionados con jueces y fiscales que actuaron en el juicio llevado adelante bajo la acusación genérica de asociación ilícita, homicidios agravados y encubrimiento, entre otros delitos, aunque no por narcotráfico, la actividad principal de “Los Monos”, porque se trata de un proceso llevado adelante por la Justicia Provincial. Los actos de violencia e intimidación, que incluyen en algunos casos la leyenda “Dejen de meter presos a los pibes que va a ser peor”, se han exacerbado en coincidencia con el inicio de las audiencias por la apelación de las 19 sentencias dictadas entonces.
En la investigación del último ataque, registrado el martes pasado por la madrugada en el edificio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, se realizaron más de 40 allanamientos con alrededor de veinte detenidos, entre los cuales se destacan tres efectivos de la Policía provincial y un intergrante de la Prefectura. Algo que en realidad ni siquiera es tan llamativo en este contexto: casi la mitad de los condenados en el megajuicio, cuya apelación se trata por estos días, habían sido de hecho policías.
Otro hallazgo de la investigación de los ataques que conduce a conclusiones equivalentes es el descubrimiento en las celdas de los principales narcotraficantes condenados de teléfonos celulares, tarjetas de memoria y otros elementos prohibidos, lo que sugiere la posibilidad de que ellos mismos dirijan los operativos de intimidación de estos últimos meses. Pero, además, deja en claro que la red de complicidades también se extiende a los servicios penitenciarios y tiene un alcance que le permite intervenir no sólo en el penal de Piñero, cercano a Rosario, sino en los de Resistencia y Rawson, a donde fueron enviados algunos jerarcas de la banda precisamente para dificultar el contacto entre sí y con el exterior.
Desde luego, no puede decirse a partir de estos hechos, por graves que sean, que la Argentina, la provincia de Santa Fe o la ciudad de Rosario encuadren en la calificación de “narcoestado” que en algún momento recayó sobre Colombia y ahora muchos le endilgan a México. Y si se trata de encontrar un lado positivo a la situación, podrían interpretarse los ataques como una señal de que la acción del Estado contra esta organización criminal está verdaderamente haciéndole algún daño, lo que debería reforzarse con el inicio en el fuero federal, en pocos meses, de otro juicio que esta vez sí se centrará en la comercialización de drogas. Sin embargo, la evidencia de que dentro de las instituciones encargadas de dar la pelea siguen existiendo quienes protegen, encubren y colaboran con los delincuentes da cuenta de que mantienen gran parte de la ascendencia sobre sus “ejércitos” y el poderío económico que los vuelven temibles.
En la investigación del último ataque, registrado el martes pasado por la madrugada en el edificio del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, se realizaron más de 40 allanamientos con alrededor de veinte detenidos, entre los cuales se destacan tres efectivos de la Policía provincial y un intergrante de la Prefectura. Algo que en realidad ni siquiera es tan llamativo en este contexto: casi la mitad de los condenados en el megajuicio, cuya apelación se trata por estos días, habían sido de hecho policías.
Otro hallazgo de la investigación de los ataques que conduce a conclusiones equivalentes es el descubrimiento en las celdas de los principales narcotraficantes condenados de teléfonos celulares, tarjetas de memoria y otros elementos prohibidos, lo que sugiere la posibilidad de que ellos mismos dirijan los operativos de intimidación de estos últimos meses. Pero, además, deja en claro que la red de complicidades también se extiende a los servicios penitenciarios y tiene un alcance que le permite intervenir no sólo en el penal de Piñero, cercano a Rosario, sino en los de Resistencia y Rawson, a donde fueron enviados algunos jerarcas de la banda precisamente para dificultar el contacto entre sí y con el exterior.
Desde luego, no puede decirse a partir de estos hechos, por graves que sean, que la Argentina, la provincia de Santa Fe o la ciudad de Rosario encuadren en la calificación de “narcoestado” que en algún momento recayó sobre Colombia y ahora muchos le endilgan a México. Y si se trata de encontrar un lado positivo a la situación, podrían interpretarse los ataques como una señal de que la acción del Estado contra esta organización criminal está verdaderamente haciéndole algún daño, lo que debería reforzarse con el inicio en el fuero federal, en pocos meses, de otro juicio que esta vez sí se centrará en la comercialización de drogas. Sin embargo, la evidencia de que dentro de las instituciones encargadas de dar la pelea siguen existiendo quienes protegen, encubren y colaboran con los delincuentes da cuenta de que mantienen gran parte de la ascendencia sobre sus “ejércitos” y el poderío económico que los vuelven temibles.