Esteban Ramón Delgado recuperó la libertad el 3 de julio pasado sin que nadie lo absolviera ni le revocara la prisión preventiva por falta de mérito. Salió porque el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe no solicitó en tiempo y forma la prórroga de la cautelar. Cuando el plazo venció, la defensa lo advirtió, pidió la libertad en una audiencia ante los tribunales provinciales de San Lorenzo y el juez Ariel Cattáneo no tuvo margen legal para negarla.
Delgado está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo contra sus dos hijas. Una de ellas es Sofía Delgado, la joven de 20 años asesinada en octubre de 2024, cuyo cuerpo apareció atado de pies y manos dentro de una bolsa en un camino rural de Ricardone, a unos 25 kilómetros de Rosario. La otra víctima tiene 15 años y se enteró de que su padre estaba en la calle por el comentario de un vecino que lo vio caminando por el barrio.
Cómo se llegó al error
La secuencia tiene una fecha de origen precisa. Cuando Delgado fue imputado, el 13 de diciembre de 2024, el juez fijó la prisión preventiva hasta diciembre de 2026. Ese horizonte largo generó cierta tranquilidad en la fiscalía y en la querella. Pero el 25 de agosto de 2025 la Cámara de Apelaciones de Rosario acortó ese plazo hasta junio de 2026, seis meses menos de lo establecido originalmente. A partir de ese momento, la única manera de mantener a Delgado detenido era pedir una prórroga antes del vencimiento. Nadie lo hizo.
El legajo por abuso sexual estuvo históricamente en manos del fiscal Maximiliano Nicosia Herrero, quien en diciembre de 2024 formuló la imputación y consiguió la detención. Fue Nicosia quien atribuyó a Delgado haber abusado de Sofía desde los 10 hasta los 13 años un total de veces indeterminado, y de Lourdes desde los 9 hasta los 13. El 1° de junio de 2026, apenas semanas antes del vencimiento, la causa pasó al fiscal Javier Paz en el marco de un proceso de reorganización interna del MPA que redistribuyó legajos. Nicosia sostuvo que desde esa fecha el expediente ya no estaba bajo su órbita.
El problema es que esa versión no cierra con lo que ocurrió después. Fue Paz quien, con el legajo en sus manos, se comunicó con los hermanos de Sofía recién el 3 de julio a las 19 horas, según la querella, un día después de que Delgado ya hubiera recuperado la libertad, para informarles que desconocía los motivos de la excarcelación. La reorganización interna del ministerio explica el contexto, pero no exime la responsabilidad: un cambio de fiscal es una decisión administrativa; el vencimiento de una prisión preventiva es una obligación procesal indelegable.
Desde la Fiscalía Regional 2ª informaron que están relevando la información interna del trámite de la causa para determinar qué ocurrió y por qué no se solicitó en tiempo y forma la prórroga, lo que implica un reconocimiento implícito de una falla de gestión.
Sin restricciones adicionales y a 300 metros de las víctimas
Delgado salió sin restricciones adicionales dispuestas por el fuero penal. La única protección vigente para las víctimas es una prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia, entonces a cargo del juez Marcelo Escola, que fija un límite de 500 metros. Según la querella, el domicilio que Delgado constituyó al salir está a unos 300 metros de la casa donde viven sus hijos.
El abogado querellante Gabriel Filippini, que representa junto a la doctora Laura Maderna a los hermanos de Sofía, calificó la situación como un error que no debería trasladarse como costo a las víctimas.
"Es inaceptable que haya quedado en libertad"
La cronología del caso agrava el cuadro. Sofía y Lourdes denunciaron los abusos en 2022. La causa recién cobró impulso después del crimen de Sofía, y la detención de Delgado se concretó en diciembre de 2024, dos años después de la denuncia inicial. El sistema que tardó dos años en detenerlo tardó un mes en soltarlo por un trámite no presentado.
El femicidio de Sofía Delgado tiene su propia causa en paralelo. El MPA imputó a cinco personas: Alejandro José Bevilacqua y Eduardo Andrés Mordini por el crimen; Brian Ezequiel Baumann por participar en el traslado del cuerpo; y Natalia Palavecino y Miranda Leguizamón por encubrimiento agravado. El juicio por ese expediente aún no tiene fecha definida.

