Hay dos cuestiones centrales que comenzaron a discutirse en los ambientes económicos de las últimas semanas, cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó a ser una necesidad cada vez más urgente para la Argentina debido a que el tiempo empieza a jugar en contra, con vencimientos en marzo, que está cada vez más cerca. La cuenta regresiva lógicamente que juega en contra de quien tiene la mayor urgencia a la hora de abrir una negociación. De todos modos, en este caso puntual del crédito otorgado en 2019 las dos partes tienen qué perder. Claramente la Argentina, por su frágil situación, va de punto.
De todos modos, ese acuerdo tiene, según los expertos, un montón de aspectos a considerar, pero en la discusión pública se recortan dos: dólar y tarifas.
El billete norteamericano se convirtió en un verdadero dolor de cabeza, en especial para Miguel Pesce, el presidente del Banco Central, que debió hasta trabar el pago financiado de viajes al exterior con tarjeta. Más allá del impacto concreto de la medida sobre el cuidado de las reservas, lo que sí no dejó dudas es que dio una señal casi de desesperación. El presidente del Central está rascando la olla. Es una medida que dio más señales negativas que efectos positivos, pero también es parte de la situación actual que atraviesan las autoridades monetarias.
En los sectores agropecuarios recogieron el guante y advirtieron que si no hubiesen cerrado las exportaciones de carne, esa cadena hubiese generado los dólares necesarios para evitar la medida en el turismo emisivo. De todos modos, la cadena de la carne tiene ya su propio capítulo de discusión con el Gobierno. Desde mayo, cuando se anunció el cierre de exportaciones para frenar la suba en los precios de los cortes vacunos en el mercado interno, la tensión de los eslabones de la carne con el gobierno de Fernández volvió a tensionarse. Y si bien después la medida se flexibilizó, nunca quedó como era hasta mayo. Esta semana habrá un encuentro de los representantes del campo con el ministro Julián Domínguez para analizar ese tema y otros, que el funcionario va a proponer en el marco de un programa 2022-2023 para el campo. Es posible que allí escuchen que las restricciones a las exportaciones de carne continuarán el año próximo. Es que había expectativas en que se eliminarían el 31 de diciembre, fecha de vencimiento que por ahora tienen las medidas. Pero al parecer, la cartera agropecuaria informaría una prórroga. Eso dicen los productores que les adelantaron desde el Gobierno.
Más allá del impacto concreto de la medida sobre el cuidado de las reservas, lo que sí no dejó dudas es que dio una señal casi de desesperación.
Lo cierto es que las medidas para frenar los precios de los cortes vacunos no resultaron muy eficientes en las últimas semanas, cuando el kilo de algunos cortes ya superó los 1.000 en las carnicerías.
Allí se esconde una razón estructural: hay menos cabezas de ganado, y posiblemente esa tendencia dure un tiempo. Algunos sectores productivos, incluso más afines al Gobierno, admiten que se perdió 1,5 millón de cabezas en los últimos dos años, cuando se venía recuperando el stock perdido entre 2006 y 2012.
Pero el capítulo de la carne es apenas uno de los tantos incluidos en el gran problema inflacionario que tiene en jaque a la gestión de Fernández.
Por eso, la situación del mercado cambiario y el ancla que decidió tirar el Ministerio de Economía este año de elecciones con el tipo de cambio oficial que subía al 1% mensual cuando la inflación corría al 3%, generó un retraso y abrió fuerte la brecha con el blue que llegó a casi duplicarlo. Una economía no puede funcionar con una brecha cercana al 100% por mucho tiempo. La tensión se evidencia y lo que para muchos es un gran negocio, a la larga se convierte en una dificultad severa para el conjunto. Incluso hay muchos precios que empiezan a pactarse por el blue, lo que termina siendo un desquicio debido a que esa cotización es de espanto y no tiene contacto con la realidad. Sin embargo, cuando la incertidumbre crece, esa cotización trepa, más allá de la racionalidad. Y hay muchos dispuestos a pagar esos valores.
¿El Gobierno comenzará a corregir la brecha? En la historia generalmente eso termina de una sola manera: subiendo el tipo de cambio oficial, aunque el Gobierno insistió con muchos de sus voceros que no está en carpeta una devaluación brusca del peso.
Las medidas para frenar los precios de los cortes vacunos no resultaron muy eficientes en las últimas semanas, cuando algunos cortes llegaron a $1.000
Del otro lado, las tarifas son un problema que se va inflando al ritmo de la inflación porque el Estado debe destinar cada vez más fondos para evitar que la factura de los clientes aumente. En realidad el costo de la energía sí sube, pero la pagan con mayor cantidad de subsidios y los consumidores siguen aportando lo mismo. ¿Hasta cuándo es viable esto? Si al Gobierno le sobraran recursos podrían sostenerse, pero en un esquema de déficit como el actual, eso lleva a alimentar cada vez más la inflación. ¿Y si se corrigen? Seguramente habrá un salto del índice inflacionario en ese momento para luego acomodarse, pero les daría oxígeno a las cuentas fiscales y sería menos inflación a futuro. De todos modos, el salto no puede ser el mismo para todos. Y de allí que se mencione la posibilidad de segmentarlo, algo que se intentó en varias oportunidades pero nunca se logró y muchas veces por eso se terminó agravando la injusticia.
Como siempre, lo ideal es que los mayores aumentos sean para los sectores más acomodados, que deberían pagar una tarifa con la menor cantidad de subsidios, o incluso sin subsidios.