Ayer, el gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial un decreto para reglamentar la ley votada en la Legislatura. Lo que hizo fue designar al Ministerio de Justicia y Trabajo como autoridad de aplicación para llevar adelante el proceso de incorporación de militares a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Según las estimaciones iniciales, más de 1.000 efectivos formados en las Fuerzas Armadas ya se postularon para realizar la capacitación en técnicas de combate al narcotráfico.
“La cantidad de miembros actuales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico es insuficiente”, había explicado el oficialismo en la Legislatura cuando aprobó la ley para incorporar a militares.
“La lucha contra el narcotráfico requiere personal idóneo, capacitado y comprometido. Esto es un paso más para fortalecer nuestras fuerzas de seguridad, articulando esfuerzos entre las provincias, la Nación y diferentes cuerpos de seguridad. Es necesario reforzar el recurso humano de la Fuerza Policial Antinarcotráfico a los fines de imposibilitar el avance del delito del tráfico de drogas y asegurar las fronteras de nuestra provincia”, indicó el legislador Miguel Siciliano, jefe de la bancada oficialista, durante el debate que se produjo el 19 de diciembre y que terminó en la aprobación de la ley.
El circuito interno
Ahora, después de la publicación del Boletín Oficial de ayer, el Ejecutivo definió el circuito interno que regirá para concretar la incorporación de militares.
Las estimaciones del oficialismo señalan que se incorporarían unos 1.000 efectivos.
La medida, originalmente, generó algún grado de polémica por el hecho de sumar a miembros de las fuerzas armadas a una tarea que normalmente desarrolla la policía y que no tiene que ver con la defensa. Sin embargo, el oficialismo desestimó los cuestionamientos y avanzó igual en la iniciativa.
La convocatoria del gobierno provincial está destinada a oficiales o suboficiales (tanto de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario) que deseen integrarse a la Fuerza Antinarcotráfico cordobesa. “El requisito mínimo y necesario que se establece es el cursado y la aprobación del Trayecto de Formación Profesional Inicial de Orientación en Persecución del Narcotráfico”, establece la legislación. Desde el inicio, la gestión de Llaryora puso la seguridad como una de las prioridades de la gestión y sumó a actores para tratar de reducir los índices delictivos.
