La pandemia no es un tiempo pródigo en buenas noticias, convertidas en un bien escaso, excepcional, en un país que ya de por sí navega de crisis en crisis y que vive una coyuntura de pesadilla, tironeado por su desastre preexistente y por el coronavirus, que empeoró notablemente lo que ya de por sí alcanzaba dimensiones de catástrofe.

Alberto Fernández había conseguido conectar dos anuncios políticamente fuertes: la producción en Argentina de la vacuna de Oxford contra el Covid-19 y el acuerdo con los bonistas extranjeros, que despejó uno de los tantos frentes de tormenta simultáneos que se ciernen sobre el Gobierno. Sin embargo, en vez de aferrarse a esas dos rarezas, vetas explotables para un oficialismo aquejado por la escasez, inmediatamente, sin respiro, se enfrascó en una nueva pelea, como si no tuviera suficientes, y envió al Congreso un proyecto de reforma judicial que no la tiene fácil. Alberto cambió dos logros por una potencial derrota.

Hay quienes le auguran ya una suerte similar a la que tuvo la malograda intervención a Vicentin, que arrancó con un anuncio de expropiación y terminó con una retirada deshonrosa y la admisión de la derrota. Algunos puntos de contacto hay entre un procedimiento y otro aunque el final todavía es una incógnita. En los dos casos, el Gobierno instaló el tema en la agenda pública sin haberse asegurado previamente el resultado y sin dimensionar, o subestimándolas, las posibles consecuencias de un paso en falso.

Si no consigue aprobar la reforma judicial en Diputados, el Gobierno deberá asimilar una nueva derrota política de magnitud en un tiempo demasiado corto. Por eso, en el Congreso, tanto oficialistas como opositores sospechan que Alberto no se entregará sin hacer primero hasta el último esfuerzo por alzarse con los votos que necesita. Aunque, a la vez, ya se habla de la estrategia que estaría encarando Sergio Massa, presidente de Diputados, para enfriar temporariamente la polémica y dejar el proyecto para dentro de algunos meses, cuando comience a discutirse el presupuesto y los gobernadores sean más proclives, en una crisis económica profunda, a la aceptación de intercambios.

Con su paridad legislativa, la reforma judicial le dio a cada voto en Diputados un plus de valor. Por eso, la mirada se posó, sobre todo, en quienes han sido hasta ahora aliados eventuales del oficialismo, entre ellos el peronismo cordobés, el schiarettismo, que en los últimos proyectos trascendentes apoyó al Gobierno ya sea con sus votos o su presencia.

Después de la marcha opositora del 17, que también fue importante en Córdoba, una de las especulaciones señalaba que los cuatro miembros del schiarettismo podrían votar en contra de la reforma pero dar quórum y liberarle así el camino al oficialismo.

El gobernador ha ido acercando posiciones en los últimos meses con Alberto Fernández y la crisis ha provocado que exista una dependencia más marcada de los fondos que se han ido liberando desde la Casa Rosada. Sin embargo, para el schiarettismo la manifestación del lunes y el clima político fueron señales de que, esta vez, no debe ensayar un doble juego.

Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez anunciaron públicamente que votarán en contra porque, a su juicio, la reforma carece de sustentación y consenso y porque es inoportuna.

Cada día, en las computadoras de los diputados cordobeses entran miles de mails que les reclaman que tampoco den quórum. Y ya tienen definido que no lo harán. En el schiarettismo señalan que no tienen margen político y, además, cuestionan la letra del proyecto. Se quejan de que las modificaciones que se introdujeron en el Senado empeoraron el espíritu en vez de mejorarlo. “No hay condiciones para apoyarlo. Además, el proyecto es flojo, difícil de defender. No están claros los objetivos, las metas, el alcance, los plazos, nada”, dicen en el Panal.

¿Esa postura y esa negativa enrarecerán el clima entre Fernández y Schiaretti, justo cuando el gobernador necesita asistencia financiera y debe encarar además un proceso de renegociación de la deuda provincial que en un 95% se encuentra en dólares? En el oficialismo cordobés consideran que no habrá deterioro; además remarcan que si el proyecto naufraga no será por su exclusiva responsabilidad sino que casi ningún aliado se animó a acompañar la iniciativa.

En el schiarettismo sostienen que si votaran la reforma serían funcionales al crecimiento de Juntos por el Cambio en Córdoba, ante un electorado que viene de apoyar abrumadoramente a Macri el año pasado, y que eso atentaría contra las posibilidades del peronismo de alzarse con una victoria en las legislativas de 2021.

En el Panal plantean que, en la provincia, el schiarettismo y el Frente de Todos poseen intereses comunes y que a ninguno le conviene un deterioro de la figura del gobernador, quien no se encuentra precisamente en un contexto político despejado y cómodo. El oficialismo cordobés acarrea dos episodios dramáticos que han tenido un profundo impacto negativo en la opinión pública: el brutal e inconcebible asesinato de Blas Correas, de 17 años, a manos de la Policía, y la historia de Solange, la chica que murió de cáncer y que no pudo abrazar a su padre en sus últimas horas porque en el puesto sanitario de la ruta 35, a la altura de Huinca, no lo dejaron entrar a la provincia.

El gobernador no puede permitirse más costos políticos.

Los hilos que conducen del schiarettismo al albertismo están más afianzados de lo que se conoce públicamente. El año próximo, cuando haya elecciones legislativas, las dos fuerzas irán juntas en Córdoba. Se mantendrá el sello de Hacemos por Córdoba y la preeminencia del schiarettismo pero el albertismo cohabitará el espacio y buscará alzarse aquí con bancas que afiancen su proyecto político.

Río Cuarto, en ese contexto, será la experiencia inicial del entendimiento. Por eso, la suerte que corra Juan Manuel Llamosas en las elecciones es un dato de peso de cara a las legislativas del año que viene. Tanto Schiaretti, obviamente, como el gobierno nacional persiguen el objetivo de que el intendente retenga el Municipio.

Desde el gobierno de Schiaretti están redefiniendo la estrategia de Llamosas. Consideran que, en pandemia, las inauguraciones deben estar pero que el resultado electoral se definirá en la eficiencia o no del Municipio para contener los brotes y en el tipo de liderazgo que ejerza el intendente.

Por eso, Llamosas ha vuelto a ocupar el lugar central en el manejo de la situación sanitaria. Y, además, la Provincia le aportará todo lo necesario para que los riocuartenses perciban que la crisis, aun con casos, está siendo enfrentada con eficiencia. En los próximos días, el gobierno cordobés y el riocuartense pondrán en la calle un operativo masivo para llevar tranquilidad. Desde Córdoba evalúan que es imperioso reducir el nivel de incertidumbre y de rumor en la ciudad, que afectan la imagen del gobierno. En ese punto, es clave el manejo de la información que, hasta ahora, ha sido uno de los puntos débiles de la estrategia sanitaria oficial en la ciudad.

El schiarettismo espera anclar la campaña en la ciudad, municipalizarla y, a la vez, mostrarles a los riocuartenses lo positivo de estar en línea con el oficialismo provincial en una época extrema como la actual. Pero paralelamente se preparan para tratar de contrarrestar el movimiento contrario: creen que, así como Marcos Juárez significó el arranque de una carrera que terminó depositando a Mauricio Macri en la presidencia, Juntos por el Cambio considerará que Río Cuarto puede ser el inicio de su recuperación nacional.

En ese juego de entrecruzamientos, en apenas poco más de un mes deberían ir los riocuartenses, afectados además por la pandemia y sus consecuencias, a elegir a su intendente.