Cuando hablamos de inclusión hablamos de ponernos en acción y lograr un verdadero acceso e inclusión para todos. Para ello necesitamos personas que estén dispuestas a aprender y garantizar el trato adecuado y no discriminatorio a personas con discapacidad. Frente a esto, el estado está obligado a tomar medidas para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Comenzó a implementarse la Ley "Córdoba Inclusiva"
Rige desde diciembre la ley que prevé la formación obligatoria de trabajadores del Estado en trato adecuado a personas con discapacidad. Cabe destacar que es una instancia de formación de carácter obligatoria, y el cursado e inscripción será a través de Ciudadano Digital
A partir del 13 de diciembre de 2022, comenzó a regir en toda la provincia de Córdoba la Ley 10.728, denominada “Córdoba Inclusiva”. A través del Decreto 1208, la Provincia reglamentó la Ley 10.728 “Córdoba inclusiva”, que garantiza que los y las trabajadoras que se desempeñan en los distintos niveles de los tres poderes del Estado accedan a la formación sobre trato adecuado hacia personas con discapacidad.
La disposición, además, promueve la accesibilidad universal de los espacios de dominio y uso público, a través de la adecuación de las distintas dependencias. Cabe destacar que fue un trabajo conjunto de varias áreas de gobierno y representantes de asociaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, como Por Igual Más, Familia CEA y Fundación Empate.
Objetivo de la ley
El principal objetivo de esta ley es garantizar el trato adecuado y no discriminatorio a personas con discapacidad, mediante la formación obligatoria de los y las trabajadoras que se desempeñan en los distintos niveles de los tres poderes del Estado, junto a la adecuación progresiva de los espacios públicos para garantizar la accesibilidad universal.
Los 3 puntos principales que marca la Ley
La normativa está dividida en tres partes. Primero, la capacitación obligatoria y permanente de todos los funcionarios de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los empleados tendrán que brindar un trato adecuado y no discriminatorio a personas con discapacidad. Además, deben facilitarles su desempeño en la sociedad permitiendo su inclusión, promover la sensibilidad social, ofrecer orientación legal y administrativa para ejercer sus derechos. También, garantizar el acceso a la legislación vigente en materia de discapacidad y posibilitar la participación plena en la sociedad y el reconocimiento de la diversidad.
El segundo punto, contempla la adecuación física y cognitiva de los espacios de dominio y uso públicos. El objetivo es lograr el desenvolvimiento con independencia para quienes así lo necesiten.
Por último, la implementación de la normativa a nivel provincial estará a cargo de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, dependiente del Ministerio de Salud.
Las autoridades deben garantizar su aplicación mediante capacitaciones. Estas deben incluir a personas con discapacidad y organizar mesas de trabajo para la adecuación de contenidos necesarios. Se deberá asesorar a cada área del Estado Provincial que necesite asistencia en materia de accesibilidad cognitiva.
Sobre el curso
El dictado será de manera gradual en cuatro módulos virtuales y uno presencial. El curso consta de 25 horas divididas en 5 módulos que se dictan en forma virtual a través de EDi, con excepción del cuarto módulo, que consiste en un conversatorio con personas con discapacidad y cuya modalidad es presencial. Cabe mencionar que el plantel docente está integrado por siete personas con discapacidad y 4 tutoras, con la coordinación de María Elisa Ottonello, integrante de la Subsecretaría.
Entre los ejes temáticos que se prevé abordar en las capacitaciones se encuentran aspectos históricos, paradigmas, leyes, inclusión laboral, género, sexualidad y diversidad, accesibilidad, diseño y comunicación, entre otros.
Cabe destacar que se trata de una instancia de formación de carácter obligatorio, y el cursado e inscripción será a través de Ciudadano Digital. La fecha del lanzamiento conmemora la primera cohorte de la capacitación, y continuará con una edición mensual desde marzo 2023.
El organismo de aplicación será la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión del Ministerio de Salud, que se encargará también de gestionar las opciones de formación con distintos entes de capacitación provincial y direcciones de Recursos humanos.
Trabajar también en la accesibilidad
El trabajo incluye además un relevamiento sobre la accesibilidad en las distintas dependencias públicas y será realizado por una mesa de trabajo conformada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Esta mesa se nutrirá también de la información recabada en las encuestas que se realizan a quienes participen del curso.
En cuanto a la accesibilidad en las dependencias públicas, se contempla la adecuación física y cognitiva de los distintos espacios, para facilitar el desenvolvimiento de manera independiente para quienes lo necesiten. En este sentido, las tareas de adaptación se desarrollarán de manera progresiva, de acuerdo a un previo relevamiento y estudio de las características de cada lugar.
Si bien las adecuaciones edilicias en Córdoba aún no tienen una fecha de inicio, algunos proyectos arquitectónicos están comenzando a adecuar sus espacios para lograr una mayor accesibilidad.
La ley a nivel nacional
El objetivo es ahora el de impulsa una ley de similares características a nivel nacional, que ya obtuvo dictamen de Comisión de discapacidad en la Cámara Baja y aguarda confirmación de fecha de votación.
Por Julieta Varroni