Ese marco de la Ley Bases –que fue votado por el oficialismo y otros actores que oficiaron de aliados- habilita ciertas modificaciones en la estructura del Estado que el Ejecutivo puede realizar en ese lapso. Para hacerlo luego del plazo estipulado debería obtener un aval del Congreso.
De prosperar la idea general del Gobierno, y por lo que los funcionarios fueron dejando trascender, el Inta pasaría a ser una dependencia del Ministerio de Economía y perdería su autarquía y el modo de gobernanza que lo caracterizó desde su fundación, combinando presencia de sectores privados, públicos y la academia en sus órganos de gestión. Así lo anticipó el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, semanas atrás cuando cuestionó que el organismo tuviera unos 6 mil empleados “que no se sabe bien qué hacen”.
En esa línea, el temor es que haya un fuerte recorte de empleados, que incluiría personal no permanente y becarios. Quienes llevan adelante trabajos de investigación alertan que eso sería un golpe letal, que además cortaría la histórica cadena de transmisión de conocimiento del organismo.
Aunque en un primer momento las entidades del campo se mantuvieron en silencio sobre los planes oficiales, finalmente decidieron expresarse. Lo hizo la Mesa de Enlace nacional y también la provincial de Córdoba. Ambas plantearon la necesidad de preservar tres pilares centrales del Inta: “la autarquía, porque es esencial que el organismo mantenga su autonomía operativa y de gestión; gobernanza, porque su esquema de gestión debe preservarse para asegurar una representación equitativa del sector productivo en su dirección; y la estructura de Centros Regionales, que son instrumentos imprescindibles para el desarrollo agropecuario en nuestro país y deben seguir funcionando sin modificaciones que perjudiquen su operatividad”.
