Pocos días después de haber dado “por concluida” la controversia que tuvo como eje al ministro Jorge Triaca -un deseo ilusorio, por cuanto el caso dista mucho de haberse cerrado- ha surgido otro escándalo que afecta a un integrante del gabinete, con la imputación por “cohecho” contra el titular de Agroindustria Luis Etchevehere. El paso dado por un fiscal federal confirma que la recepción de un bono por 500 mil pesos de la Sociedad Rural no es tan transparente como el funcionario pretende, y que la falta de conciencia acerca de lo que significa un conflicto de intereses sigue siendo un problema serio entre los miembros del Gobierno de Mauricio Macri.
Etchevehere, quien se desempeñaba al frente de la Sociedad Rural hasta el momento de su designación como ministro, sostiene que la entidad le entregó ese dinero en reconocimiento por los servicios prestados y como una especie de indemnización. La explicación naufraga no solo porque quienes abandonan un cargo por propia voluntad en general no son indemnizados, sino porque equivale según el propio funcionario a dos sueldos y medio de lo que venía cobrando, cuando los estatutos de la SRA sostienen que sus puestos directivos son “no rentados”.
Aun si esta irregularidad no existiera, cabe advertir que el argumento de que el bono fue una decisión autónoma de una entidad privada no puede esgrimirse en este caso. Dado que la actividad representada por la Sociedad Rural es parte de la incumbencia de Etchevehere, un pago semejante puede interpretarse como una dádiva hacia aquel cuyas decisiones pueden beneficiar o perjudicar a quien lo realiza.
De hecho, ya el pasado inmediato y la trayectoria de Etchevehere lo volvían automáticamente sospechoso de ocupar el cargo para convertirse en un operador de la Sociedad Rural en el Gobierno. En consecuencia, el medio millón que no tenía por qué cobrar afianza un vínculo que como ministro no debería mantener, simplemente porque el interés común que tiene la obligación de defender desde su nuevo puesto no necesariamente habrá de coincidir con el interés privado que representaba como presidente de la entidad que le da el “regalo de despedida”.
Si a ello se agregan otros aspectos oscuros de la trayectoria del funcionario -como las acusaciones de trata de personas con fines de explotación laboral-, su situación debería ser todavía más vulnerable, y menos defendible que la del propio Triaca. No parece, en ese marco, que la devolución del bono sea suficiente como para dar la controversia “por concluida”, independientemente del curso que termine por tomar la investigación judicial recién abierta.
Aun si esta irregularidad no existiera, cabe advertir que el argumento de que el bono fue una decisión autónoma de una entidad privada no puede esgrimirse en este caso. Dado que la actividad representada por la Sociedad Rural es parte de la incumbencia de Etchevehere, un pago semejante puede interpretarse como una dádiva hacia aquel cuyas decisiones pueden beneficiar o perjudicar a quien lo realiza.
De hecho, ya el pasado inmediato y la trayectoria de Etchevehere lo volvían automáticamente sospechoso de ocupar el cargo para convertirse en un operador de la Sociedad Rural en el Gobierno. En consecuencia, el medio millón que no tenía por qué cobrar afianza un vínculo que como ministro no debería mantener, simplemente porque el interés común que tiene la obligación de defender desde su nuevo puesto no necesariamente habrá de coincidir con el interés privado que representaba como presidente de la entidad que le da el “regalo de despedida”.
Si a ello se agregan otros aspectos oscuros de la trayectoria del funcionario -como las acusaciones de trata de personas con fines de explotación laboral-, su situación debería ser todavía más vulnerable, y menos defendible que la del propio Triaca. No parece, en ese marco, que la devolución del bono sea suficiente como para dar la controversia “por concluida”, independientemente del curso que termine por tomar la investigación judicial recién abierta.