Opinión | Juan Schiaretti |

Zapatillas, silencio y un cambio de relación

Dos hechos empujaron a Schiaretti a modificar su equipo de gobierno. ¿Sólo es un cambio de nombres o de comunicación con la sociedad? De Loredo, mientras tanto, se muestra como candidato a la gobernación y busca encolumnar al radicalismo

A Juan Schiaretti los cambios lo incomodan. Suele arrancar con un gabinete y terminar con casi todos los funcionarios en los mismos puestos. Equipo que gana no se toca. Pero, esta vez, reaccionó por imposición. Entendió que sostener su metodología de actuación ante las crisis sucesivas implicaba un riesgo no desatendible en una época preelectoral.

Y cambió.

Lo obligaron dos hechos. Uno fue el traumático caso del Hospital Neonatal, que no sólo tiene a una enfermera acusada por la muerte de cinco bebés sino que, además, terminó con funcionarios imputados por no cumplir con sus deberes, entre ellos, el exministro Diego Cardozo. Ahí hay una diferencia sustancial con respecto al modo en que actuó la Justicia en el caso del médico trucho. En Córdoba, en la causa del Neonatal se están estableciendo responsabilidades funcionales por la falta de control. En Río Cuarto, Ignacio Martín quedó, curiosamente, como un elemento aislado, que engañó a todos. La culpabilidad empezó y terminó en él, sin que hubiera ningún funcionario político, ni siquiera quien lo apadrinó, Diego Almada, imputado ni diez minutos por tener a un falso médico al frente de un área durante una pandemia.

Primero, ante el impacto del Neonatal, Schiaretti limitó su acción al Ministerio de Salud, aunque desde hacía tiempo tenía a otros funcionarios del gabinete ostensiblemente desgastados. Sólo avanzó en una modificación más profunda cuando se produjo el segundo hecho: la derrota en Marcos Juárez, que generó una especie de shock en el schiarettismo que ofició de despertador y empujó al gobernador a intervenir más a fondo.

La salida de Mosquera, que venía cuestionado desde el caso Blas Correas, asesinado por la Policía durante la cuarentena y cuyo crimen se juzga por estos días, dejó en un segundo plano al resto de los cambios. Pero hubo uno que fue tan importante como el despido del riocuartense: a Facundo Torres, que era ministro de Gobierno y tenía a su cargo la relación con los municipios, lo relevaron de la cartera política y lo nombraron en el nuevo Ministerio de Empleo y Formación Profesional.

Mosquera debió irse con dos años de retraso; Torres por una elección municipal de hace dos semanas en la que la Provincia había depositado enormes expectativas. Marcos Juárez debía ser la plataforma de lanzamiento del proyecto nacional de Schiaretti pero, para su sorpresa, se encontró con una derrota contundente.

Ante la crisis, el gobernador descabezó esas dos áreas clave: Seguridad y Gobierno. Las dos fueron unificadas y quedaron en manos de Julián López.

Por ahora, se trata de un cambio de nombres; todavía está por verse si será acompañado por una reconstitución de la metodología de actuación. Porque lo que parece estar en cuestión, y que la Provincia insinúa haber asumido, no es tanto la gestión en sí -Schiaretti tiene altos índices de aprobación- sino el modo de relacionamiento del gobierno con la sociedad cuando ocurre un hecho anómalo.

Desde sus orígenes, incluso cuando la Policía mató a Blas, el gobierno de Schiaretti eligió el silencio como método de respuesta. El paso del tiempo. Sin embargo, esa modalidad parece desajustada con respecto a las demandas actuales porque establece una imagen de frialdad, de ajenidad del gobierno ante un hecho que moviliza a la sociedad.

Un concepto demasiado transitado pero no por eso menos vigente es el de la empatía, la capacidad de identificarse con alguien: con una familia, una persona o con la comunidad. El silencio propicia, precisamente, el sentimiento contrario.

Hoy, las empresas, los comercios, los artistas tienen en claro ese concepto: hay que reconocer al otro, responder sus inquietudes y, sobre todo, sus reclamos. Vender no sólo pasa por la calidad del producto sino por el modo de relacionamiento con los clientes.

¿Y qué tiene que ver un gobierno con las estrategias de ventas de una marca de zapatillas o de una hamburguesa? Bastante. Al menos en la lógica de conectarse con el público que compra un producto o aprueba un gobierno. Porque, además, las lealtades son altamente inestables y es preciso trabajar sobre ellas constantemente, ya sean comerciales o políticas.

Y dar respuesta es una manera de configurar una relación. Ni bien fue despedido como ministro, Mosquera apareció en Canal 12 y dio una extensa entrevista en la que defendió, principalmente, su actuación en el caso Blas Correas. ¿Le fue bien? ¿Dio respuestas satisfactorias? Probablemente no porque es sumamente complejo revertir una opinión instalada con una palabra tan desgastada políticamente como la de Mosquera. Además porque su tono fue demasiado marcial. Pero al menos lo mostró como alguien dispuesto a dar la cara. Leyó los mensajes por WhatsApp que le había enviado a la familia de Blas. Se notó que para Mosquera fue casi una catarsis, un desahogo después de dos años de una estrategia de no hablar ni responder.

Hacemos por Córdoba se enfrenta a uno de sus desafíos principales en los casi 24 años que lleva en el poder en la provincia: tiene que reconstruir las expectativas. En ese aspecto, la candidatura de Martín Llaryora puede ser un punto a favor porque se trata de una figura que no ha ejercido el poder a nivel provincial. Pero además hay otros aspectos, como la territorialidad y la configuración de la conexión con la sociedad, que no serán menores.

Después de la sucesión de hechos negativos, Hacemos por Córdoba está tratando de exorcizar los posibles focos que impliquen costos políticos. Por eso no se decide, por ejemplo, a desactivar la cláusula que impide la reelección indefinida de los intendentes. Pero, a la vez, se encuentra con el hecho innegable de que la elección de 2023 se jugará también en los pueblos; es decir en el territorio. Y necesita de los intendentes históricos para que aporten sus votos. Por eso, un grupo de jefes comunales del departamento Río Cuarto inició un movimiento interesante que podría evitarle a la Legislatura el costo político de borrar con el codo lo que escribió con la mano: irán a la Justicia para que reinterprete la ley de 2016 y les permita tener un período más en 2023.

De esa jugada no sólo participan peronistas; también hay radicales que quieren seguir en sus cargos y que se contraponen a la postura que tienen los legisladores de su propio partido. Los intendentes le dicen sí a lo que sus representantes le dicen no. Incluso Marcos Carasso, presidente de la UCR, rechazó habilitar esa vía. El radicalismo, en ese punto, está en contradicción con sí mismo.

El peronismo, mientras tanto, trata de explotar esas grietas. Llaryora viene de firmar con el radical Roberto Casari, intendente de Mackenna, un convenio de cooperación.

Quien está tratando de encolumnar al radicalismo es Rodrigo de Loredo, pero tras de sí. El diputado lanzó una convocatoria para que la UCR vaya al acto que hará el 1° de octubre en el Comedor Universitario de Córdoba. El video promocional es altamente significativo: allí De Loredo habla directamente como candidato a gobernador y destaca a Amadeo Sabattini como modelo a seguir. Su acto suena a lanzamiento de campaña y, de paso, a una instancia que servirá para exteriorizar cuántos radicales están dispuestos a acompañarlo en una posible disputa interna contra Luis Juez.