Opinión |

La economía en un desfiladero: más inflación, menos actividad

El Gobierno empezó a pagar ya la elevada y constante suba de precios con deterioro en las ramas de producción y consumo, lo que se ve agravado por la quita de subsidios y las dificultades para importar. El peor escenario para enfrentar 2023

El nuevo escalón inflacionario que se consolidó en agosto y que confirmó el Indec la semana pasada cuando dio a conocer el 7% promedio que subieron los precios ese mes -que siguió al 7,4% de julio- explica claramente la principal preocupación de la población que se refleja y recorta nítidamente en las encuestas de opinión. Lejos de agendas que intentan imponerse desde determinados círculos, el marcado deterioro del poder adquisitivo, que viene registrándose para gran parte de los argentinos desde 2018, encabeza el ranking de los problemas a solucionar por el Gobierno nacional.

Con el dato de agosto, la inflación anual está cada vez más cerca de alcanzar el 100% para diciembre. Los precios en la Argentina se duplicarán en este 2022. Pero en algunos casos esa marca ya se alcanzó, como ocurre en la industria textil, siempre según el Indec.

Ya en julio, la ropa y el calzado habían alcanzado las tres cifras de aumento interanual. Ahora se sumó otro rubro, aunque parcialmente en algunas regiones del país: restaurantes y hoteles en Gran Buenos Aires y Noreste también superaron el 100%. Ya se unificará todo el país en ese nivel cuando se compute el próximo mes.

Alimentos y bebidas subieron 80% en el último año y es el tercer rubro más caliente en materia inflacionaria, y el que más afecta a los sectores vulnerables.

Pero en el tercer lugar aparece la base de las necesidades porque con el 80% de inflación interanual se ubica Alimentos y Bebidas. El rubro más sensible marcha a paso firme, y en supermercados y almacenes de barrios los incrementos no se detienen. Es determinante además para definir la línea de pobreza y de indigencia, lo que grafica una situación social que es cada vez más compleja por la imposibilidad de frenar la inflación.

A su vez el informe permitió observar que los bienes tuvieron un incremento del 81,4% interanual mientras que los servicios, en muchos casos regulados por el Estado, subieron el 70%. Sin embargo, esta ancla está levantándose ahora con el recorte de los subsidios que llevarán a que el costo de la electricidad y el gas lo pague más el consumidor que el Estado. Hasta acá, el cliente llegaba a pagar apenas el 30% de la factura de electricidad, especialmente en AMBA.

Esta decisión, tomada por la necesidad impostergable ya de reducir el déficit de las cuentas públicas, se espera que tenga un doble impacto negativo: por un lado empujará el alza de precios en el segmento “servicios” que a su vez impactará en la producción de bienes; y por el otro quitará dinero del consumo, toda vez que deberá destinarse a la factura de luz o gas. En definitiva, también tendrá su impacto sobre la actividad económica.

La actividad económica empieza a mostrar signos de deterioro por la inflación; ahora por la suba de tarifas y también por el cierre de importaciones.

Esa actividad económica, además, está siendo ya impactada por la pérdida del poder adquisitivo constante que viene sufriendo la población, y se agravará ahora con otra medida dispuesta por el Ministerio de Economía la semana pasada: el incremento de las tasas de referencia. Como un nuevo intento de frenar la inflación, la suba de tasas busca hacer más atractivo el estacionamiento de pesos en los bancos; esos pesos que hoy tienen destino de consumo.

Hay un ingrediente más que está comenzando a atentar contra la actividad: las dificultades en la importación. Las industrias levantan cada vez más alta la voz para reclamarle al Gobierno una solución que les permita tener mayor fluidez en el ingreso de insumos y partes que necesitan para sostener en marcha sus líneas de producción. La semana pasada fueron las autopartistas de Córdoba las que mandaron una carta a José Ignacio De Mendiguren, el secretario de Industria y expresidente de la UIA, pidiéndole una urgente respuesta para evitar el parate. En la carta se advierte que en el último tiempo están comiéndose el stock, y eso empieza a tener un límite cercano.La queja de los industriales además incluyó una crítica a la política del mercado cambiario porque se quejaron de la fuga de dólares en destinos no esenciales en un escenario de escasez. El cuestionamiento fue directo al sector turístico y por eso esta semana se avanzará finalmente con un nuevo esquema para ese rubro: en definitiva se encarecerá el “dólar turista”. Allí se produce la paradoja de que el viajero que viene a la Argentina ingresa con billetes y los cambia en el mercado informal para obtener más pesos, mientras que el que sale del país usa la tarjeta. El esquema le termina sumando más presión al agobiado Banco Central.

Por eso en los meses que quedan de 2022 es posible que la economía termine desembocando en un proceso de estanflación. Eso será el fruto de una escalada de precios que a este ritmo será difícil de frenar en el corto plazo por la velocidad crucero en la que viaja, combinada con un deterioro marcado del poder adquisitivo, más medidas que, buscando contener precios, están decididas a resignar actividad económica.

Con 2023 a la vista, ese escenario no es el mejor para el oficialismo ya que difícilmente pueda enfrentar con éxito una contienda electoral en ese marco. Claramente la apuesta es a pasar el mal trago lo antes posible y buscar componer algunas variables que muestren una luz al final del túnel; una señal que permita construir luego un discurso de un futuro mejor. Hoy, eso no existe.