“Para eso hay plata, pero para nuestros hijos y pacientes, no”, dijeron desde el colectivo de familiares, prestadores y transportistas de personas con discapacidad.
También significa 38 mil jubilaciones mínimas.
“¡Qué injusto todo! Las personas más vulnerables están desamparadas y mucha gente la está pasando mal”, agregaron.
El colectivo de personas con discapacidad le exige al gobierno nacional la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue sancionada por el Congreso y promulgada por el presidente Javier Milei, pero no instrumentada en la práctica.
Según el Ejecutivo, el Parlamento tiene que decir de dónde saldrán los fondos para su aplicación.
“Está pasando como en los tiempos de la colonia:se acata pero no se cumple. Se recibía una orden de la Corona, se la aceptaba formalmente, pero se la archivaba sin instrumentarla”, graficaron.
Y luego añadieron: “Y esa práctica vuelve: normas que se reconocen de palabra pero que en los hechos no se ejecutan”.
En la ciudad, se han llevado a cabo varias marchas para pedir por fondos para las personas con discapacidad.
Los padres sostienen que se les hace cuesta arriba costear el tratamiento de sus hijos sin ninguna ayuda y piden que el Estado no se ausente.
“Estamos desesperados por la situación de nuestros hijos y pedimos simplemente que no se corte el envío de fondos, reclaman los progenitores.