El expediente recayó en el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, a cargo del juez Carlos Ochoa, quien se declaró competente y notificó al fiscal Maximiliano Hairabedián para que emita su dictamen sobre el caso.
En la acción colectiva se incorporó además el caso de un adolescente de 15 años con certificado de discapacidad, junto a sus padres y las tres profesionales que lo asisten en el ámbito escolar y terapéutico.
El joven, que cuenta con cobertura de la empresa Galeno, recibe acompañamiento psicopedagógico en consultorio y en la escuela. Sin embargo, según detalla la presentación, las autorizaciones de sus tratamientos se realizan de manera verbal y sin constancia escrita, lo que habilita a las empresas de salud a retrasar o reducir los pagos por las prestaciones. Esa irregularidad, que ya se volvió costumbre en gran parte del sistema, fue utilizada como ejemplo de una problemática que afecta a miles de niños y niñas en Córdoba y en el país.
“Se trata de un caso concreto, pero que refleja una situación generalizada: la vulneración sistemática del derecho a la educación y al acompañamiento psicopedagógico”, explicó Nieva Allue a Puntal. El Colegio solicitó que la medida judicial alcance al conjunto de beneficiarios que atraviesan la misma realidad y a los profesionales que no pueden sostener su trabajo por la falta de pagos y la desactualización de los honorarios.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso a mediados de este año. Buscaba dar una respuesta urgente a la crisis del sistema: cubrir los retrasos en los pagos, garantizar la continuidad de los tratamientos, y establecer una actualización automática de los aranceles profesionales.
Pese al consenso político que acompañó su sanción, el presidente Javier Milei vetó íntegramente la norma el 4 de agosto de 2025. Luego, en una sesión especial, Diputados y Senadores rechazaron el veto con los dos tercios de los votos, restituyendo su vigencia. No obstante, al momento de promulgarla, el Ejecutivo firmó el Decreto 681/2025, que dejó suspendida la aplicación de la ley bajo el argumento de la “falta de partida presupuestaria”.
Para juristas y organizaciones vinculadas a la discapacidad, esa decisión viola la voluntad del Congreso y deja sin efecto una norma que debía dar respuesta a una situación crítica.
El vacío legal generado por la suspensión del decreto tiene consecuencias concretas. Las obras sociales y prepagas dilatan las autorizaciones, demoran los pagos hasta ocho meses y congelan los valores de las sesiones, que no alcanzan a cubrir los costos de los profesionales.
Desde el Colegio advierten que esta situación afecta la inclusión educativa y emocional de los niños y niñas con discapacidad. El amparo colectivo no solo apunta a que el Poder Judicial ordene la plena vigencia de la ley, sino que además disponga medidas concretas para normalizar las prestaciones, como la regularización inmediata de las autorizaciones, la actualización de los honorarios y el pago en tiempo y forma a los profesionales.
El Colegio plantea que la suspensión del decreto genera un círculo vicioso: las empresas de salud no pagan o lo hacen fuera de término, los profesionales no pueden sostener los servicios y las familias quedan desamparadas. En ese contexto, la acción judicial busca que el Estado asuma su responsabilidad en la garantía del derecho a la salud y la educación de las personas con discapacidad.
Mientras el expediente avanza en los tribunales federales, los profesionales continúan trabajando con incertidumbre y las familias siguen apelando a la paciencia.
El reclamo cordobés se suma a otros presentados en distintas provincias, en un escenario nacional donde la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad se transformó en un símbolo de la distancia entre las decisiones políticas y la realidad cotidiana.
