El tribunal también sentenció al sargento ayudante bonaerense Sixto Julián Pucheta Velázquez, en el marco de una causa que reveló abusos sistemáticos bajo el pretexto de “entrenamientos extremos”. Daure recibió una pena de un año y medio de prisión condicional e inhabilitación especial, mientras que Pucheta fue condenado a un año con la misma modalidad. Ambos seguirán en libertad, pero con antecedentes penales.
Nacido en Córdoba y con formación como piloto e instructor militar, Daure fue señalado por múltiples testimonios como uno de los principales responsables de los aberrantes “ejercicios” aplicados a aspirantes a soldados en el Núcleo de Instrucción Básica de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, en Mendoza.
Las prácticas, bautizadas como “campo de prisioneros” y “chasqui de guerra”, incluyeron golpes con varillas, descargas eléctricas con teléfonos de campaña, asfixias simuladas con bolsas plásticas, y humillaciones públicas, entre ellas, simulacros de interrogatorios con vendajes en los ojos y el cuerpo mojado para generar miedo y confusión. Uno de los soldados relató que le vertieron agua creyendo que era combustible y luego lo picanearon. "Me ataron como a un chancho", declaró ante los jueces.
Daure, que al momento de la denuncia ya había abandonado la fuerza y se desempeñaba como gerente de seguridad en Amazon Web Services, en Canadá, negó haber participado de los abusos. Afirmó no haber tenido conocimiento de los hechos, pese a haber sido jefe directo del curso. Sin embargo, los testimonios de las víctimas lo ubicaron en el lugar de los hechos y lo señalaron como uno de los que aplicaba maltratos directamente.
El tribunal, integrado por los jueces Héctor Cortés, Daniel Doffo y Pablo Salinas, rechazó los intentos de nulidad planteados por las defensas y sostuvo que existió una violación clara al Código de Disciplina Militar y a normas básicas de derechos humanos.
Los magistrados fueron contundentes: los acusados abusaron de su autoridad y aplicaron castigos físicos y psicológicos que no estaban contemplados en ningún plan de estudios ni reglamento. A pesar de que las defensas intentaron justificar los hechos como parte de una “formación dura”, el tribunal estableció que las prácticas no solo eran ilegales, sino también profundamente lesivas a la dignidad de los aspirantes.
La condena se dictó bajo la figura de abuso de autoridad, aunque el juez Salinas, en disidencia parcial, sostuvo que debieron ser imputados por delitos más graves, como vejaciones y apremios ilegales, en línea con lo que pidió el Ministerio Público Fiscal.
La causa se inició gracias a una denuncia presentada por el entonces comandante de la Octava Brigada de Montaña, general Gustavo Javier Vidal, quien tomó conocimiento de los hechos tras una conversación entre un padre y un oficial. El militar calificó las acciones como “faltas gravísimas” y ordenó una investigación interna antes de dar intervención a la justicia federal.
En un fallo anterior, en 2023, otros seis militares ya habían sido condenados por hechos similares en el mismo núcleo de instrucción. Entre ellos, el capitán Juan Pablo Vega Bustos y cinco suboficiales que recibieron penas condicionales.
Las prácticas denunciadas no fueron aisladas ni ocasionales. Los jueces remarcaron que los abusos fueron filmados, sistemáticos y ejecutados bajo una estructura organizada, con conocimiento y participación de varios instructores. Además, se reveló que los ejercicios de “simulación de prisioneros” no debían realizarse con aspirantes, sino con soldados ya formados, y bajo condiciones estrictamente reguladas.
“Hubo una clara intención de humillar y someter, bajo la apariencia de entrenamiento”, concluyó el tribunal. La evidencia mostró que los instructores incluso se reían mientras aplicaban las descargas eléctricas, celebrando los sufrimientos de los aspirantes.
En su sentencia, los jueces exhortaron al Ministerio de Defensa a capacitar a los altos mandos y a prohibir expresamente el uso de descargas eléctricas y simulacros violentos en entrenamientos militares. Además, remarcaron la necesidad de garantizar la integridad física y psicológica de quienes inician su carrera militar.
Este caso se suma a una serie de denuncias que han surgido en los últimos años dentro de las fuerzas armadas, incluyendo casos recientes como el “bautismo” con cal viva y humillaciones a gendarmes mujeres. La condena a Daure Suárez, por su cargo y rol jerárquico, representa un golpe simbólico y judicial importante para el Ejército.
Si bien la pena es condicional y no implica prisión efectiva, el fallo representa un mensaje contundente de la Justicia: los excesos cometidos bajo uniforme no serán tolerados. Las víctimas, hoy fuera de la fuerza, esperan que lo vivido no se repita y que haya una transformación real en la cultura interna del Ejército.
