El caso de Abigail Jiménez, la niña que su padre debió llevar alzada por cinco kilómetros debido a un control sanitario en la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero, ha vuelto a cuestionar los criterios con que ciertas jurisdicciones aplican las restricciones a la circulación fijadas para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Pero las conmovedoras imágenes viralizadas se transforman también en emblema de los desatinos a los que conducen las ínfulas totalitarias de gobernantes que lejos de asumirse como servidores públicos a los que el pueblo confió un papel de liderazgo actúan como dueños y señores de los territorios bajo su mando y de las vidas de los ciudadanos que allí residen.
Por cierto, el gobernador Gerardo Zamora no es el único representante de esta pléyade asentada en los lugares más atrasados del país en lo económico, en lo institucional o más probablemente en ambos aspectos. Son conocidos los padecimientos ocasionados en la región por las toscas medidas de bloqueo impuestas por Alberto Rodríguez Saá, así como el criminal empecinamiento de Gildo Insfrán en Formosa, que va camino a desafiar una orden de la propia Corte Suprema de Justicia al seguir poniendo obstáculos a los ciudadanos de su provincia que mantuvo en algunos casos durante meses varados en el Chaco.
Ese marco de situación no permite encuadrar el caso de Abigail como un error burocrático producto del exceso de celo de un funcionario policial, pues aunque lo fuera resultaría impensable sin el contexto de autoritarismo y arbitrariedad que se le provee desde un régimen que no por ser producto del voto popular deja de adoptar comportamientos dictatoriales. Un modo de actuar que goza de la tolerancia y a veces del aval explícito de las autoridades nacionales, que privilegian los vínculos con sus aliados políticos por sobre deberes y obligaciones que tienen en relación con todos los argentinos.
Resulta notable que frente al caso la voz oficial se limite a lamentar lo ocurrido como si fuera producto de la fatalidad, y a poner énfasis en especial en cuestionar su “aprovechamiento político”, como señaló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Y es entendible que frases como “paran a una niña en tratamiento oncológico, pero los colectivos repletos sin distanciamiento social para celebrar el día de la militancia pasan sin problemas” lo molesten o incomoden. En rigor, cualquier hecho deplorable que tenga trascendencia pública es susceptible de ser “aprovechado” para sacar ventajas políticas. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Pretende Cafiero que se haga silencio sobre lo acontecido, o que se lo trate asépticamente como si no tuviera responsables? Se puede descontar que en tal caso Abigail y su familia no dispondrían ni siquiera de la tardía y probablemente insincera disculpa pública de Zamora, más sensibilizado por el perjuicio para su imagen que por la situación de la niña y su familia.
Aclarar que las disposiciones nacionales relacionadas con la emergencia sanitaria no contienen nada que justifique lo padecido por Abigail y su padre -ni los despropósitos de Rodríguez Saá, Instrán y demás “caciques” de su calaña- no es suficiente. Sin que implique un avasallamiento de las autonomías provinciales, es preciso que el gobierno nacional utilice su influencia y su poder de presión para desalentar a estos aspirantes a dictadorzuelos a seguir utilizando la pandemia y el argumento de estar cuidando la salud de la población como excusas para perpetrar los atropellos y abusos que son inherentes a su praxis política.