La prestadora Ethical, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen al 1500, fue uno de los 12 procedimientos que se llevaron a cabo.
En rigor, se habrían facturado tratamientos que nunca se hicieron, especialmente de casos con ACV.
Los operativos abarcaron finalmente Río Cuarto, Córdoba, Berrotarán, Gigena y Cabrera y no se descartan nuevas medidas por parte del Juzgado Federal de Río Cuarto.
De los procedimientos del pasado viernes participaron Gendarmería, la Policía Federal y Arca.
Primero se allanó la sede del Pami Río Cuarto, situada en calle Alvear, en pleno microcentro de la ciudad, y luego la prestadora de servicios Ethical.
Sin embargo, los procedimientos abarcaron también un estudio contable y domicilios particulares.
Entre ellos, el del gerente de Ethical, Gonzalo Lima.
En total, fueron 12 operativos que se realizaron.
Los allanamientos fueron dispuestos por la Justicia Federal para avanzar en el caso de la presunta defraudación por sobrefacturación millonaria a la obra social de los jubilados.
En el operativo concretado en el Pami local, que sorprendió a los empleados que estaban trabajando allí en la lluviosa mañana del viernes, se incautaron los celulares de los directivos y del personal y se requisaron sus vehículos.
También se secuestró documentación pertinente.
De acuerdo con fuentes consultadas, las supuestas maniobras administrativas irregulares contra el Pami involucrarían a funcionarios y prestadores de la obra social de los jubilados.
Según una auditoría interna, se detectaron al principio irregularidades por más de 500 millones de pesos.
Lo que se descubrió a través de esa auditoría es que Ethical pasó a atender, en poco tiempo, de tres afiliados con enfermedades graves por mes a un total de cien, lo que obviamente llamó poderosamente la atención.
Pero, en total, se habría causado al Pami un perjuicio de 1.400 millones de pesos.
En la pesquisa actúa la Fiscalía Federal de Río Cuarto.
La investigación judicial se inició meses atrás poniendo el foco en un centro de rehabilitación, a raíz de denuncias anónimas sobre facturación de servicios de complejidad que no se practicaron.
Luego de los allanamientos, no se descartan nuevas medidas probatorias, además del análisis de la documentación secuestrada.
