Luego de dos meses y medio de vigencia del aislamiento obligatorio, el progresivo debilitamiento del fuerte respaldo popular que obtuvo en los primeros días y la aparición de brotes de resistencia de mayor o menor envergadura comienzan a delinear un escenario en el que algunos observadores ven la aparición de una nueva “grieta” que parte a la sociedad en dos bandos inconciliables, cada vez menos predispuestos a escucharse el uno al otro. Aun cuando muchas de las posiciones dadas a conocer sean válidas y estén bien fundadas, aun cuando no en todos los casos se justifique poner en duda las intenciones de quienes las adoptan, un tono general marcadamente agresivo y los intercambios de opiniones cargados de chicanas y violencia verbal anulan la posibilidad de un diálogo productivo del que pueda emerger una síntesis superadora.
La carta de un grupo de intelectuales y científicos que apelan al término “infectadura” para advertir sobre las señales de autoritarismo que se observan en algunas actitudes del Poder Ejecutivo, así como en el papel desdibujado de los otros dos poderes en el contexto de la pandemia, fue acaso el disparador que sistematizó una confrotación en general inorgánica, dentro de la cual nadie se priva de utilizar términos desbordados e insultantes. Y tampoco de apelar al recurso tramposo, tan popular en los últimos tiempos, de adulterar el discurso del adversario o distorsionarlo con interpretaciones antojadizas para poder descalificarlo mejor.
En ese marco se asiste a despropósitos demasiado groseros como para ser atribuidos exclusivamente a la ignorancia, como comparar cualquier cuestionamiento al mantenimiento estricto de la cuarentena en un sector particular con la militancia antivacunas o hasta con el “terraplanismo”; o del otro lado, asimilar el encierro de un barrio popular bonaerense con el gueto de Varsovia, escenario de uno de los peores crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen nazi. Exageraciones que no deberian ni siquiera ser tomadas en serio, pero cuya enunciación cargada de furia y desprecio cierra toda posibilidad de debate porque ¿qué discusión es posible si del otro lado no se percibe más que necedad y perversión?
En este marco, y si bien las definiciones desquiciadas y los insultos destemplados son cosa de todos, es preciso advertir que por su papel institucional es el Gobierno el que carga con la mayor responsabilidad tanto en la generación de este cortocircuito como en la escalada que parece estar tomando. Sobre todo cuando son sus primeras figuras las que frente a cualquier crítica apelan no sólo a la respuesta razonada sino al discurso descalificador: el ministro de Salud cuando sostiene que toda objeción a las estrategias oficiales tienen motivaciones y objetivos “políticos” -como si la desesperación de quienes por no poder trabajar se han quedado sin ingresos tuviera alguna relación con las elecciones legislativas del año entrante-; o peor aun, el Presidente de la Nación, cuando ya no se limita a disponer lo que los ciudadanos pueden o no pueden hacer sino que les indica cómo deben o no deben sentirse.
Parece increíble que sea necesario insistir en ello, pero escuchar con respeto lo que tiene que decir quien piensa distinto no significa dejarse convencer por él ni mucho menos hacerle caso. La intemperancia y el tratamiento del otro como un estorbo a someter no ayudarán en nada a combatir la amenaza que nos toca enfrentar, que es el enemigo común de todos, por más que muchos sigan encontrando más cómodo dirigir su odio a un blanco más familiar.