La iniciativa del Ejecutivo plantea una reducción de alícuotas para las sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para los alquileres destinados a vivienda. De acuerdo con el Iaraf, el costo fiscal sería del 0,22% del PBI, lo que equivale a 1,9 billones de pesos anuales, de los cuales 790.000 millones corresponderían a Nación y 1,12 billones al conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El principal punto de conflicto para los mandatarios provinciales es el artículo 191 de la reforma laboral, que reduce la recaudación del Impuesto a las Ganancias y afecta directamente la coparticipación. Según estimaciones de los propios gobernadores, el impacto en los fondos automáticos rondaría entre 5.000 y 6.000 millones de pesos mensuales. Frente a ese escenario, reclaman que las provincias sean “compensadas” si la norma se aprueba sin modificaciones.
Desde distintas gobernaciones reconocen que “algo hay que cambiar” en la legislación laboral, aunque advierten que existen “distorsiones que corregir” y que es necesario encontrar un equilibrio para no perjudicar a trabajadores ni al sector privado. En el entorno de Maximiliano Pullaro sostienen que la propuesta oficial apunta a fortalecer a las pymes y facilitar el blanqueo laboral.
En Córdoba, fuentes cercanas a Martín Llaryora remarcaron que la discusión se dará “tema por tema” y sin apuros, mientras que en Catamarca, Raúl Jalil considera que la reforma laboral debe analizarse en el Congreso.
El antecedente inmediato que pesa en las negociaciones es la caída de la coparticipación en 2023, tras la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias impulsada por Sergio Massa. En ese momento, los gobernadores reclamaron compensaciones y propusieron coparticipar el impuesto al cheque. Milei restituyó luego Ganancias y eliminó el Compre sin IVA.
En este nuevo escenario, la mesa política del Gobierno, integrada por Santiago Caputo, Sebastián Amerio, María Ibarzábal y Patricia Bullrich, busca sostener el diálogo con los mandatarios. La reforma laboral avanza, pero el respaldo provincial llega con condiciones claras.
Mientras el Gobierno busca consolidar apoyos, los mandatarios provinciales dejan en claro que no rechazan de plano la reforma, pero pretenden discutir los tiempos, el contenido y, sobre todo, el impacto fiscal. El mensaje hacia Milei es directo: están dispuestos a negociar, pero no a costa de los recursos de las provincias.
