La decisión fue tomada durante una reunión en la Casa Rosada, encabezada por los principales colaboradores de Javier Milei.
La definición se produjo luego de que el Ejecutivo lograra neutralizar la reunión de gobernadores que estaba prevista en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ese encuentro era seguido con atención en Balcarce 50, ya que se interpretaba como un posible frente de presión para frenar o modificar la iniciativa oficial en el Senado. La suspensión de la cumbre provincial fue celebrada en el oficialismo, donde consideraban que el cónclave podía complicar el objetivo de avanzar la semana próxima con la aprobación de la reforma laboral en la Cámara alta. Entre los mandatarios que impulsaban la reunión figuraban Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), aunque finalmente el encuentro no llegó a concretarse. “Por una rotonda”, admitieron con malestar desde el entorno de uno de los gobernadores convocantes.
Con ese escenario favorable, la mesa política del Gobierno se reunió durante cerca de dos horas para terminar de ajustar la estrategia legislativa de cara al debate previsto para el miércoles próximo. El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional y operador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.
Al igual que en otras reuniones clave, también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La reunión se realizó en el despacho de Adorni, ubicado en la planta baja de la Casa Rosada. Desde el entorno presidencial atribuyeron la desactivación del encuentro de gobernadores a una “gestión directa” de Santilli, quien en los últimos días mantuvo intensas conversaciones telefónicas con mandatarios provinciales, que incluyeron negociaciones vinculadas al reparto de fondos. En el oficialismo no ocultaron su satisfacción por el resultado, al considerar que despeja el camino para avanzar con uno de los proyectos centrales del Gobierno.
