La reforma judicial, de la "Comisión Beraldi" a la "Cláusula Parrilli"

Está claro que el bloque oficialista de la Cámara alta ha materializado una maniobra cargada de cinismo por varios motivos. En primer lugar, en lo concerniente al contenido de la modificación, al proclamar su inocencia respecto de su afectación de la libertad de expresión. Está claro que introducir explícitamente la obligatoriedad de denunciar “presiones” de los “poderes mediáticos” apunta a intimidar al periodismo en su derecho a criticar decisiones o indecisiones de los jueces, como si no fueran figuras públicas cuya actuación está expuesta al escrutinio de la ciudadanía. Bien se ha dicho que si un magistrado se siente “presionado” por la posibilidad de que la prensa cuestione una resolución evidentemente se ha equivocado de oficio.

Además, resulta de una hipocresía rayana con el ridículo la pretensión del autor material del engendro, el senador Oscar Parrilli, de negar la autoría intelectual de la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner. Así como la suerte de simulación que intenta presentar como normal que una iniciativa del Ejecutivo sea modificada por el bloque que supuestamente le responde sin siquiera avisarle al Presidente de la Nación, cuya respuesta ha sido, asimismo, simular que se está ante una cuestión también menor que en modo alguno socava su autoridad.

No hay una sola de las sospechas que despertó el lanzamiento de la reforma judicial, en un momento en que la crisis sanitaria y las consecuencias sobre la economía y la vida social de las medidas adoptadas para hacerle frente dominan de manera abrumadora la agenda de los argentinos normales, que haya sido conjurada. Por el contrario, todas han sido confirmadas: comenzando por la de que cualesquiera sean los problemas atribuibles al funcionamiento de la Justicia Federal, la nueva estructura no viene a resolverlos. Muy en especial, no viene a resolver el problema de que los jueces estén expuestos a presiones e influencias, sino en todo caso a volverlos todavía más presionables e influenciables, sólo que situando el origen de esas presiones en los promotores del proyecto.

Pero asimismo, la “cláusula Parrilli” se suma a la “comisión Beraldi” -con el abogado de Cristina Kirchner en persona como consejero de los cambios a producir en la Coste Suprema y el Consejo de la Magistratura- para dejar también probada la acusación de que los problemas que se intenta resolver son en realidad los de una sola persona, la más poderosa dentro del oficialismo. Cuya determinación a evitar responder por los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública es absoluta, a punto tal de envenenar toda la vida política e institucional en un grado fuera de toda proporción con la imposición de sus intereses personales y familiares por encima de los del país.