Las irregularidades fueron detectadas a partir de informes financieros y auditorías contables realizadas por las secretarías de Economía y de Obras y Servicios Públicos y estarían vinculadas con una agente de la Subsecretaría de Hábitat.
El fiscal Ricardo Muñoz confirmó la presentación judicial y señaló que se determinó "un manejo irregular de los recursos". Según explicó, la operatoria habría incluido "el ocultamiento de información y la presentación de datos falsos que indujeron a error a funcionarios municipales".
“Labraba cheques y los endosaba a su favor”, sostuvo Muñoz al describir una de las maniobras bajo investigación.
El funcionario indicó que los hechos podrían encuadrarse en "los delitos de defraudación al Estado, falsedad ideológica y estafa".
Ante la gravedad de la situación, el Municipio presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue lo ocurrido y determine las posibles responsabilidades. Además, se constituyó como querellante particular, con el objetivo de impulsar la causa y solicitar medidas probatorias y de restricción personal.
En paralelo, se dispuso el apartamiento de la agente de la órbita municipal y el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes.
Desde el Gobierno local señalaron, por otra parte, que se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la continuidad del programa involucrado y evitar que la investigación afecte a sus beneficiarios.
