Tras detectar irregularidades, la obra social de los jubilados busca poner transparencia en el sistema de órdenes médicas electrónicas. En la Justicia Federal local, se ventilan dos casos judiciales y ya se han citado a testigos
Mientras se avanza con la causa, el Pami “endurece los controles a los prestadores médicos tras detectar irregularidades”.
La obra social de los jubilados “detectó y denunció una serie de maniobras irregulares en el sistema de órdenes médicas electrónicas”.
En tanto, en la Justicia Federal de Río Cuarto, se ventilan dos casos judiciales y ya se han citado a testigos para que declaren, se confirmó a Puntal.
Entre las irregularidades, figuran “prestadores que generaban órdenes médicas inexistentes y facturaban prácticas nunca realizadas”.
Como se informó, por un lado, se encuentra bajo investigación la causa de la presunta sobrefacturación millonaria y, por el otro, la de la denuncia contra el exjefe médico del Pami local.
Al respecto, el Juzgado Federal ya ha citado a declarar a una serie de testigos que brindarán su testimonio ante el juez Carlos Ochoa.
Como se sabe, la investigación está a cargo del fiscal Rodolfo Cabanillas.
Desde Buenos Aires, se comunicó que “hay al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y la UFI Pami ante la Justicia Federal, con radicación en distintas jurisdicciones del país”.
A través de un comunicado de prensa, se manifestó que “esta gestión asumió el compromiso de terminar con los intentos de fraude sistemático, la simulación de consultas, la falsificación documental, el uso indebido y la vulneración del sistema de trazabilidad” y se agregó que “las auditorías identificaron la utilización desmedida de los servicios prestacionales por parte de distintos profesionales médicos y en actuación ante el Ministerio Público Fiscal se iniciaron las denuncias penales correspondientes”.
Asimismo, “esto podría configurar en ilícitos, dando lugar a posibles actos de defraudación contra la administración pública y afectando negativamente la correcta gestión de los recursos públicos proveniente del aporte de los afiliados”.
Entre las irregularidades, figuran “prestadores que generaban órdenes médicas inexistentes y facturaban prácticas nunca realizadas; empresas reincidentes que, pese a las advertencias, continuaron con un esquema de fraude sistemático durante meses; médicos que emitían órdenes irregulares utilizando su usuario profesional, sin respaldo de atención efectiva; farmacias que dispensaban recetas electrónicas falsas a terceros, defraudando al instituto y a los afiliados; y centros médicos donde se detectó manipulación de registros y uso compartido de credenciales profesionales”.
“El objetivo es proteger los recursos de los jubilados y garantizar que cada peso se use en prestaciones reales y de calidad, no en maniobras que distorsionan el sistema”, se concluyó.
