Pero, además, apunta contra un consenso establecido: “La llamada ‘modernización laboral’ impulsada desde el Poder Ejecutivo Nacional ha reinstalado un debate que el derecho constitucional argentino creía saldado: si el trabajo es un derecho humano fundamental o una variable de ajuste económico”, lanzó el Foro.
La entidad, que se define como un espacio plural, multisectorial e interdisciplinario, comprometido con la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos laborales, remarca que “en el marco de las conclusiones arribadas en la reunión interdisciplinaria de alcance provincial llevada a cabo desde nuestra institución y en razón de la presentación del Proyecto de Modernización Laboral por parte del Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación Argentina, exhorta a nuestros diputados/as y senadore/as nacionales por la Provincia de Córdoba a garantizar un debate amplio, informado con objetividad y verdad y responsable del proyecto de modernización laboral, con participación y real de todos los sectores”, como primer punto de un listado cursado a diputados y senadores.
“Evaluar su contenido a la luz de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la normativa internacional del trabajo, a fin de evitar aumento de litigiosidad imputable al Estado”, agregaron desde el Foro como segundo ítem.
Luego pidieron “proteger el Sistema de Seguridad Social; respetar los principios de progresividad y no regresión de los derechos laborales y sociales; y ejercer el mandato legislativo con plena conciencia institucional, priorizando la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y el equilibrio propio de un Estado Social y Democrático de Derecho”, indicaron.
Más tarde, en un párrafo aparte, lanza una severa crítica al proyecto de La Libertad Avanza: “La llamada ‘modernización laboral’ impulsada desde el Poder Ejecutivo Nacional ha reinstalado un debate que el derecho constitucional argentino creía saldado: si el trabajo es un derecho humano fundamental o una variable de ajuste económico. La respuesta no surge de una postura ideológica, sino del propio texto de la Constitución Nacional Argentina, del bloque de constitucionalidad federal (art. 14 bis y art. 75 inc. 22) y de la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, indicó, dejando abierta la posibilidad que se avance con una sanción contraria a lo establecido constitucionalmente.
Finalmente agregan que “se suma un dato insoslayable: las observaciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dirigidas al Estado argentino, que advierten sobre retrocesos normativos, debilitamiento de la tutela frente al despido y afectación del principio de progresividad. Estas observaciones no son sugerencias retóricas: integran el derecho internacional de los derechos humanos y obligan al Congreso en su función legislativa”, indicaron.
Y concluyeron con un recordatorio a los legisladores nacionales: “En ese marco consideramos necesario recordar a nuestros representantes en el Congreso de la Nación que el mandato es individual, indelegable y jurídicamente responsable. Cada uno responde no solo ante su electorado, sino ante el orden constitucional que juró respetar. El alineamiento automático, la disciplina partidaria acrítica o la ausencia estratégica en votaciones sensibles también son decisiones políticas con consecuencias jurídicas y sociales”, señalaron desde el Foro del Derecho del Trabajo a los 18 legisladores nacionales de la provincia.
