La semana pasada, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, presentó una denuncia penal para que laJusticia determine si el Tribunal de Cuentas se excedió en sus funciones al frenar la compra de 15 drones para la Policía por un total de 7 millones de dólares. El episodio además desató el enojo del gobernador Martín Llaryora, quien en el discurso de apertura de sesiones que dio en Laboulaye acusó al juecismo de obstruir la gestión.
Ayer, la Justicia ordenó un operativo en el Tribunal: fueron a buscar el expediente de la polémica. Pero, además, el Ministerio Público Fiscal emitió posteriormente un comunicado en el que acusó al órgano de control de negarse a entregar la documentación requerida.
“La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 turno 7, informa que en el marco de la investigación iniciada con motivo de la Denuncia formulada por Quinteros Juan Pablo c/ Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, en el día de la fecha, se dispuso requerir a las autoridades del mencionado Organismo, copias del Expediente Administrativo N.º 0002-050337/2025. El personal afectado, se presentó en el Tribunal, en donde sus autoridades se negaron a hacer entrega de las copias requeridas, retirándose del lugar sin poder cumplir la comisión ordenada”, dice el comunicado oficial que emitió el Ministerio Público Fiscal.
Corvalán replicó que se trató de una puesta en escena y que incluso es inédito que el Ministerio Público Fiscal haya emitido un comunicado como el que publicó.
“Primero, como tribunos tenemos ciertas inmunidades: somos otro poder del Estado y el único que puede hacerme un requerimiento de información es un juez de Control, no un fiscal. Lo hicieron para amedrentarnos, claramente. Además, no tenemos ninguna notificación de la causa. Pero tampoco tenemos el expediente porque todos los trámites son digitales. Es más, con el cambio de ley que hizo este gobierno, podemos acceder a los expedientes sólo durante 15 días”, dijo Corvalán.
Y agregó: “Nosotros actuamos en virtud de lo que establece la ley. Pero están acostumbrados a que en 26 años les aprueben todo. Y lo único que planteamos en este caso es que se rehiciera el proceso porque no podés hacer 29 contrataciones en una sola. Claramente era un traje a medida. Quedó una sola empresa en la licitación, que se había inscripto en pleno proceso licitatorio y no tiene empleados”.
