Los datos oficiales indican que Córdoba recibió unas 64.000 ampollas del opioide distribuidas por dos droguerías, llegando a 20 instituciones médicas, entre hospitales y clínicas. Hasta ahora, se confirmaron al menos cinco casos vinculados al fentanilo contaminado en la provincia. Sin embargo, los registros nacionales del Ministerio de Salud aún no incorporan estos casos en sus reportes oficiales, lo que complica el seguimiento integral del problema.
El 8 de mayo, la ANMAT emitió una alerta nacional por contaminación bacteriana en ampollas del opioide elaboradas por el laboratorio HLB Pharma. La bacteria presente, Klebsiella pneumoniae, fue identificada en varios pacientes del país que sufrieron cuadros graves e incluso fallecieron tras recibir la medicación. A nivel nacional, se estima que al menos 68 personas murieron y decenas continúan afectadas. La investigación está a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien ya dispuso la inhibición de bienes de 31 personas y empresas vinculadas a la cadena de producción y distribución.
En este marco, la clínica Vélez Sarsfield se transformó en uno de los puntos clave en Córdoba. Su director médico, Claudio Pereyra Sueldo, rompió el silencio en los últimos días y sostuvo que la institución actuó correctamente desde el primer momento. En declaraciones a medios, y a través de un comunicado oficial, Pereyra aseguró que la clínica fue notificada el 8 de mayo y ese mismo día retiró de circulación todos los medicamentos elaborados por HLB Pharma, no solo el fentanilo. Además, indicó que se realizó una investigación interna sobre más de 2.500 internaciones y se detectaron cuatro casos compatibles con la infección señalada por la ANMAT. De ellos, uno fue fatal, aunque la clínica aclaró que se trataba de un paciente con una enfermedad grave preexistente.
“Fuimos los primeros en reportar. Nosotros cumplimos. No somos quienes debemos certificar la calidad del medicamento, eso le corresponde a ANMAT. Usamos medicación aprobada por ese organismo”, afirmó Pereyra Sueldo. El médico también enfatizó que la institución presentó el informe de farmacovigilancia ante el Ministerio de Salud de Córdoba el mismo día que recibieron la alerta y que toda la medicación afectada permanece “en cuarentena”. Una inspección de la Policía Federal realizada esta semana confirmó esa situación.
Sin embargo, las explicaciones institucionales no alcanzaron a disipar las dudas y el malestar social. El Ministerio de Salud de Córdoba aseguró públicamente que no tenía conocimiento del caso hasta que fue publicado en la prensa, lo que genera incertidumbre respecto a los canales de comunicación oficiales. Por otra parte, la clínica comenzó a tomar un rol activo en la causa y anticipó que se constituirá como querellante para colaborar en la investigación.
Darío Benavídez, padre de G.B., el bebé afectado, relató a Puntal el calvario que vivieron desde el 26 de abril, día en que nació su hijo. Lo que parecía ser una dificultad respiratoria leve se convirtió rápidamente en una internación crítica. El pequeño fue intubado y sedado con fentanilo en sus primeras horas de vida. Lo que siguió fue una cadena de complicaciones médicas que, según explicaron los médicos semanas después, no tenía explicación hasta que llegó la notificación oficial: el fentanilo estaba contaminado.
“Queremos que se sepa la verdad. Que se investigue hasta el final”, expresó Darío Benavídez a Puntal, quien junto a su esposa Sol presentó la primera denuncia penal en Córdoba por este tema. Con el patrocinio del abogado Carlos Nayi, la familia busca que se determine si hubo delitos culposos o dolosos, negligencia o responsabilidad penal en alguna parte de la cadena: desde el laboratorio, pasando por los distribuidores y los organismos de control, hasta los centros de salud que aplicaron la medicación.
Mientras tanto, el caso cordobés sigue sumando aristas. Una profesional de la salud cuestionó el accionar de la clínica al señalar que no se había informado a tiempo sobre los pacientes afectados. Desde la institución lo niegan tajantemente y aseguran que los familiares fueron notificados en forma “directa y personalizada”. Versión que fue ratificada por el joven papá a este medio.
Mientras la investigación judicial avanza, la salud del bebé y la búsqueda de justicia se vuelven símbolos de una tragedia evitable que sacudió al sistema de salud y expuso las grietas de los controles públicos.
