Sólo en 2025, la tobillera electrónica que tenía Grasso, condenado a 27 años de cárcel, emitió 225 alertas por violaciones a la prisión domiciliaria. Además, el Patronato del Liberado informó que de las 11 veces que se fue al domicilio declarado por el expolicía, en 6 ocasiones no estaba.
“Vemos un incumplimiento de los deberes del funcionario público. El Patronato del Liberado le estaba diciendo al juez Echenique que el tipo no estaba cumpliendo la condena, que salía como pancho por su casa. El sistema funcionó pero el juez desoyó las alertas. El Patronato del Liberado advirtió toda esta situación. Hubo graves negligencias del juez, que ya había ignorado lo que le había dicho oportunamente el fiscal, que le había advertido que no concediera la prisión domiciliaria”, manifestó Gvozdenovich.
Los legisladores que firmaron el pedido de destitución son Gregorio Hernández Maqueda, Alejandra Ferrero, Rodrigo Agrelo, Gvozdenovich, Ariel Grich y Walter Nostrala.
En la denuncia, los legisladores acusan a Echenique de mal desempeño, negligencia grave y posible comisión de delitos.
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Los legisladores acusan a Echenique de mala praxis judicial.
“Horacio Grasso ha demostrado la peor cara de la perversidad en una persona y cómo un sistema laxo en controles puede generar un ambiente más que propicio para todo tipo de violencias. Grasso fue condenado en el 2006 por amenazas, lesiones y coacción y tuvo la fortuna de permanecer tan solo un mes detenido, cumpliendo prisión efectiva a pesar de sus frondosos antecedentes”, relatan los legisladores en la denuncia.
Agregan que en 2007, en un enfrentamiento entre bandas dedicadas al robo y la venta de drogas (“él formaba parte de una”, dice el escrito) mató a un niño de 7 años. En el 2009, fue condenado por homicidio en ocasión de robo:le dieron 27 años de prisión. Estuvo preso en Córdoba y después lo trasladaron a Cruz del Eje. En 2020, se determinó que ese penal no estaba en condiciones de controlar a un preso con mala conducta. Con pésimo comportamiento en la cárcel, a Grasso lo trasladaron a Río Cuarto.
“Es justamente en Río Cuarto donde su suerte cambia para bien -o para mal de la sociedad-. De lo que no hay dudas es de que todo sería a partir de una serie de resoluciones y decisiones del Juez de Ejecución Penal Gustavo Echenique Esteve (...)Teniendo todos los antecedentes que indicaban el no otorgamiento de la prisión domiciliaria, el juez Echenique en 2019 concede aquel beneficio. Grasso se traslada a Córdoba al fijar domicilio en la casa de su madre”, describen los legisladores.
En Córdoba, el expolicía ejerció violencia contra su madre, contra los vecinos y amenazó de muerte a su abogada. La Policía y la Justicia intervinieron. Grasso volvió a la cárcel de Río Cuarto y en 2021 pidió otra vez la domiciliaria. Entonces, tanto el fiscal como los equipos técnicos sugirieron rechazar el beneficio, pero Echenique volvió a otorgarle la domiciliaria porque en la cárcel no se le podía garantizar el tratamiento médico que necesitaba el preso.
“Así como si nada, y desoyendo todos los dictámenes que recomendaban la prisión efectiva, con un arsenal de antecedentes que indicaban la peligrosidad de este asesino, el juez Echenique Esteve vuelve a conceder la prisión domiciliaria, la cual se haría efectiva en un departamento de barrio Nueva Córdoba”, se lee en la denuncia.
Los informes del Patronato del Liberado señalan que a ese condenado se lo visitó en 11 ocasiones este año; en 6 de ellas no estaba en el domicilio. Además, el centro de monitoreo informó en 225 oportunidades que la tobillera electrónica de Grasso había emitido un alerta. Sólo con posterioridad a esas advertencias se le revocó la prisión domiciliaria al expolicía. Poco después se encontró en su departamento el cuerpo de Milagro Micaela Bastos, asesinada a los 22 años.
Ese homicidio sólo fue posible a partir del beneficio de la prisión domiciliaria otorgado por Echenique, se desprende de la denuncia.
“Este juez debe dar cuenta de sus actos. Debe responder por su accionar y es este ámbito el que tiene la obligación de analizar si existió mala praxis, debe responder por el daño que hubiere causado y se lo debe destituir de su cargo de manera urgente. El jurado de Enjuiciamiento debe constituirse de manera inmediata (...) No podemos ignorar los acontecimientos, mucho menos después de conocer las consecuencias en las víctimas al haberse concedido la prisión domiciliaria”, acusan los legisladores.
