La Justicia Federal rechazó un planteo de un preso de la cárcel de Río Cuarto, quien había solicitado un habeas corpus por presuntas amenazas, golpes y torturas, en una presentación que había realizado el pasado 5 de enero.
El interno Pablo Darío Barrionuevo, quien se encuentra detenido por una causa de narcotráfico, realizó la presentación en la Justicia Federal de nuestra ciudad. El interno está cumpliendo una pena de 18 años por un homicidio registrado en 1998, al que se sumó una condena por narcotráfico en nuestra ciudad, Villa Mercedes y San Luis.
El juez Facundo Zapiola de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ratificó el planteo realizado por la Fiscalía Federal de Río Cuarto sobre la incompetencia federal del Juzgado local para intervenir en el habeas corpus presentado por Barrionuevo.
De esta forma, Zapiola ratificó el pasado 26 de enero la resolución del juez subrogante de Río Cuarto sobre la presentación del procesado por narcotráfico de 50 años.
En la presentación realizada el 5 de enero en el Juzgado Federal de calle Sobremonte al 900, Barrionuevo manifestó que en el penal del sur de la ciudad se viven situaciones “inhumanas”.
Barrionuevo relató un episodio ocurrido en la madrugada del día de la denuncia. Eran cerca de las 6 de la mañana cuando personal penitenciario ingresó a la celda N° 4 del Pabellón 1 para trasladar a otro interno, al que identificó como Juan Román Pereyra. Hubo resistencia. Hubo una retirada momentánea. Y luego, según su versión, un regreso con violencia.
Agregó que Pereyra fue golpeado y que todos los detenidos fueron amenazados: si no salía, “los iban a cagar a palos”.
En su presentación dejó asentado que “en el Establecimiento Penitenciario N° 6 se está torturando personas a la madrugada y los fines de semana”, y explicó cómo sería ese mecanismo.
Según la denuncia, los internos son “alojados en el calabozo”, se les suministra “medicamentos a fines de doparlos”, son “autoexcluidos de otros pabellones” y permanecen sin visitas ni salida al patio. El calabozo aparece en su relato como un espacio de castigo silencioso.
En la denuncia, Barrionuevo dio los nombres de los agentes que habrían golpeado a Pereyra y que habrían proferido las amenazas (también dijo que una autoridad lo amenazó a él –Barrionuevo- con trasladarlo a Buenos Aires).
Mencionó que, si bien no hay cámaras en las celdas, sí las hay en los pabellones, las que podrían dar cuenta de lo denunciado.
Tras la denuncia, el fiscal federal Rodolfo Cabanillas solicitó al juzgado que se declarara incompetente en razón de la materia y remitiera las actuaciones a la Justicia provincial. Señaló que los hechos denunciados habrían sido cometidos por personal del Servicio Penitenciario de Córdoba en perjuicio de Pereyra, quien se encuentra detenido a disposición de un juez provincial.
En esa línea, dijo que le corresponde a ese magistrado conocer y resolver los agravios vinculados con las condiciones de detención, ya que no se encuentran comprometidos intereses ni bienes federales.
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