Opinión | Río Cuarto |

La inflación de precios y conflictos

El índice del 100 por ciento anual disparó una intensificación de enfrentamientos por los recursos. En Río Cuarto, un ejemplo es lo que ocurre en el transporte urbano, paralizado por una protesta

La inflación está expandiéndose, incontrolable. Y no únicamente en su magnitud sino, sobre todo, en sus efectos. El país ya ha ingresado en la dinámica de los tres dígitos, que determina cada vez más no sólo el deterioro de la calidad de vida sino, fundamentalmente, el nivel de conflictividad que atraviesa y configura a la sociedad.

Ya casi no quedan dudas de que Argentina entrará en este 2022 en la élite de países con al menos un 100 por ciento de inflación anual. El último relevamiento de expectativas de mercado que realizó el Banco Central arrojó que, según los analistas económicos, el índice llegará al 100,3%. Pero todavía puede haber ajustes al alza porque la autoridad monetaria admite en su informe que quienes mejor vienen pronosticando el comportamiento de los precios hablan de un piso del 101,5%. Las proyecciones aumentaron entre 2,1 y 5,3 puntos con respecto al mes anterior.

Leopoldo Tornarolli, economista especializado en distribución del ingreso y pobreza, indicó que cuando la inflación ingresa en una fase como la actual no hay manera de evitar que los índices sociales empeoren: los pobres son cada vez más pobres y a los asalariados el fin de mes se les hace utópico. El propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que por estas horas tambalea, ha admitido que “es muy difícil recuperar los salarios” en este contexto económico.

Lo grave no sólo es la coyuntura sino también la perspectiva. El mismo relevamiento del BCRA indicó que el año próximo la inflación sería del 90,5% y del 66,8 en 2024. Si es complejo transitar un año de alta inflación, un trienio sostenido en esos niveles plantea un cuadro especialmente desafiante. No sólo en lo económico y social sino también en lo electoral. La suba de los precios suele ser inversamente proporcional a las chances del oficialismo.

El gobierno nacional se muestra impotente para anclar expectativas. La única receta que aparece en el menú para contener la inflación parece ser el enfriamiento de la economía. Si hay menos poder de compra y menos demanda, los precios deberían tender a atenuarse. Una fórmula social y políticamente riesgosa en un país con el 40 por ciento de pobres.

La velocidad que ha cobrado la inflación está disparando tensiones políticas. A Sergio Massa el período de paz parece haberle durado apenas dos meses. Primero Cristina, después Máximo y por último la plana mayor de La Cámpora hicieron reclamos públicos que no parecen corresponderse ni con la agenda ni con el esquema económico del ministro.

La Cámpora encarna una concepción curiosa de la práctica gubernamental. Es una organización que ocupa puestos clave en los dos gobiernos principales del país -la Nación y provincia de Buenos Aires- pero no parece dispuesta a asumir los costos que conlleva estar en el Ejecutivo. Ejerce el poder y después emite comunicados en los que repudia al mismo poder del que forma parte, como si se pudiera ser oficialismo y oposición al mismo tiempo, adulto y eterno adolescente a la vez.

Pero la tirantez por la economía no se limita al siempre caótico Frente de Todos sino que se está extendiendo como una mancha en la sociedad. La inflación intensifica y exacerba la puja distributiva. El ejemplo más reciente es el conflicto entre los empresarios y los trabajadores del neumático.

Una consecuencia de los aumentos salariales obtenidos a base de conflicto extremo es la intensificación de la disparidad entre sectores: los gremios más fuertes obtendrán subas que le empaten o le ganen a la inflación y el resto quedará cada vez más relegado.

Río Cuarto está viviendo por estas horas un conflicto que es fruto, en gran medida, de la disparada inflacionaria. La ciudad no tiene transporte urbano y lo recuperará recién desde mañana: el gremio hizo un paro porque la SAT no pagó el 22% de aumento acordado en las paritarias.

El transporte arrastra una lógica de funcionamiento general que puede sostenerse mientras el Estado tenga con qué: sólo es concebible a fuerza de subsidios estatales. A medida que la inflación crece y desborda todos los parámetros, a un Estado frágil como el argentino, atravesado por múltiples crisis profundas, se le hace cada vez más complejo mantener la proporcionalidad de los desembolsos. Este año sólo para el interior la cifra ascenderá a $ 46 mil millones. Y es insuficiente.

El transporte del interior vive lamentándose por la discriminación que sufre con respecto al AMBA. Lo mismo podrían decir los usuarios: un cordobés paga $ 85 pero en Buenos Aires, con un aumento del 80% en el año, esa cifra se ubicará ahora en apenas $ 35.

Hacia adentro de Córdoba las empresas señalan que la patología es la misma porque cada colectivo de la capital provincial recibe 710 mil pesos, mientras que uno del interior cobra 320 mil.

En Río Cuarto hay otra particularidad: la ciudad viene de una licitación y se encuentra con la paradoja de que el nuevo sistema no puede aplicarse porque la misma empresa que ganó ahora no quiere firmar el contrato. La SAT dice que desde julio pierde $ 15 millones por mes y que no puede seguir operativa en esas condiciones.

Julio Titarelli, presidente del directorio, salió con crudeza a plantear la situación y señaló que la empresa necesita cubrir ese déficit, por vía de un subsidio o una suba del boleto. Se quejó públicamente además porque el gobierno municipal le cambió de interlocutor en tres oportunidades en un mes y de ninguno obtuvo respuesta. En el Palacio Municipal no cayeron precisamente bien las declaraciones de Titarelli. Le reprochan haber roto los códigos al elevar el tono del discurso mientras hay una negociación en marcha. “Estamos buscando soluciones y no ayuda para nada que salga con este tipo de declaraciones”, señaló un funcionario.

¿Existe la posibilidad de que la empresa se quede sin el contrato y deje de prestar el servicio? En el Municipio primero señalaron que todas las opciones están sobre la mesa aunque después esa advertencia fue perdiendo fuerza. Llamosas, enfrascado en su intento de proyección provincial, necesita bajar los decibeles. De todos modos, el canal de diálogo en las últimas horas se ha visto afectado. Desde el gobierno evitaron hablar con Titarelli y se comunicaron directamente con el gremio para desactivar el paro con la promesa de que el martes estarán los fondos para pagar el aumento. De hecho, quien comunicó anoche la decisión de retomar las tareas fue el sindicato de AOITA, sin dar demasiadas explicaciones.

Las alternativas que sondea el Municipio para dar una solución menos precaria contemplan un cóctel que mezclaría más subsidios y un aumento del boleto. La Nación elevará el aporte mensual de 12,5 millones a 14,5 millones en octubre y noviembre y a 17 millones a partir de diciembre. A la vez debería existir una readecuación del subsidio provincial y municipal. Sin embargo, todavía se está lejos de cubrir los $ 15 millones. Un retoque en el boleto, en ese contexto, sería inevitable. La SAT cuestiona que la tarifa en Río Cuarto subió en el año un 40% contra una inflación del 100 y un acuerdo salarial del 86%.

“Queremos que la suba sea la menor posible porque no podemos cargarle al usuario todo el peso de este conflicto”, indicaron desde la Municipalidad.

De todos modos, la inflación convierte cualquier solución en provisional. Porque el déficit que hoy es de 15 millones mañana será de 17 y pasado de 20. Y, entonces, la historia volverá a empezar.