El presidente del Tribunal de Cuentas es Beltrán Corvalán, juecista. En su cuenta de X, el legislador oficialista Leonardo Limia le dedicó una publicación: “Le pido a Corvalán que deje el show, deje las mentiras y cumpla con sus deberes, que a este sueldo se lo debe a los cordobeses”. Junto con el texto aparece un recibo de sueldo por 14.095.252 millones de pesos.
Ante ese posteo, Corvalán señaló que la cifra está lejos de los 14 millones, aunque admitió que cobran como un juez de Cámara. El monto de bolsillo estará en el orden de los 9,5 millones de pesos. Limia indicó que es un sueldo que está muy por encima del promedio de la administración provincial.
“Lo que señalé en la publicación es que ya que cobra un sueldo tan alto, que se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Lo vengo planteando desde el año pasado. Están haciendo política desde el órgano de control y con un ingreso muy superior al resto de la administración. En el caso de la contratación de los drones, empezó en mayo de 2025;pasó por todas las instancias de gestión y contratación del Estado pero cuando llegó al Tribunal la paralizaron. Ellos no están para hacer un análisis político ni de gestión. Tienen que analizar si la contratación respetó la ley de contabilidad y de contratación de la Provincia. En los hechos, frenaron la compra porque sí; sacan conclusiones que no deben sacar”; indicó Limia.
El legislador oficialista agregó que, a su juicio, están usando políticamente el órgano de control. Pero, además, con especial enfoque en el Ministerio de Seguridad, que es conducido por Quinteros, un exdirigente del Frente Cívico, que en algún momento fue cercano a Luis Juez.
“Ellos permanentemente están sobre el Ministerio de Seguridad porque tienen un encono particular con Quinteros. Si vas a ser subjetivo, entonces te ponés a hacer política desde ahí y paralizás una gestión completa. El tema es que lo que está pasando es que no te dejan gobernar por poner palos en la rueda”, indicó Limia.
Y agregó: “En realidad están obstruyendo la gestión porque inclusive se ponen en analistas de cómo debería ser una contratación; opinan sobre si hay otras empresas que pueden hacer un trabajo o una obra. No es una facultad del Tribunal de Cuentas. Tienen que dedicarse a establecer la legalidad de un expediente. No deben controlar ni cuestiones políticas ni de gestión. Rechazan la compra de los drones porque la compra se hizo con renglón único. Lo de renglón único en las contrataciones está sucediendo porque en las cuestiones tecnológicas no hay 500 proveedores. En algunos casos hay uno, dos o tres”; planteó Limia.
El legislador provincial de Hacemos por Córdoba indicó que la misma suerte están corriendo las obras de los municipios. “Son muy importantes para la gestión y las demoran. Es una cuestión sistemática que debe terminarse”, declaró Limia.
En las últimas horas, la Justicia ordenó un operativo en el Tribunal de Cuentas para buscar información con respecto a la compra de drones policiales.
