La decisión fue valorada por la Secretaría de Agricultura de la Nación y por las entidades de productores
La Secretaría de Agricultura de la Nación destacó en las últimas horas la decisión del Consejo y del Parlamento Europeo de posponer por 12 meses la implementación del Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR) hasta el 30 de diciembre de 2026.
“La decisión de postergar su implementación es un paso en la dirección correcta y se alinea con las numerosas gestiones y planteos realizados por el Gobierno argentino y garantiza que las exportaciones agropecuarias argentinas a la UE no estén sujetas a nuevos requisitos de naturaleza ambiental”, puntualizaron los funcionarios.
“La Argentina ha sido consistente en sus objeciones a esta normativa —de carácter unilateral— y ha aunado esfuerzos con el sector agroexportador para presentar información relevante que, a través de las gestiones diplomáticas y técnicas de la Cancillería y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), permita demostrar que nuestros productos de exportación a la UE conllevan un bajo o despreciable riesgo de deforestación”, indicaron desde la cartera que conduce Sergio Iraeta.
En ese sentido, la Secretaría confía en que este año adicional ofrecerá la posibilidad de llevar adelante un diálogo constructivo con la Comisión Europea que aborde las preocupaciones de sus socios comerciales y dé lugar, en base a información fehaciente, a la reclasificación de la Argentina como país de bajo riesgo.
“Nuestro país avanzará asimismo en el desarrollo de planes operativos conjuntos con las Autoridades Competentes de los Estados Miembros de la UE, a fin de facilitar los procesos de control de nuestras exportaciones y evitar impactos negativos en el comercio argentino”, anticiparon en Agricultura.
Asimismo, remarcó que “continuará promoviendo los esquemas de trazabilidad y certificación de la SAGyP para fortalecer la competitividad de nuestros exportadores de soja, carne y madera, y sus derivados, en el mercado europeo”.
Según se remarcó, el objetivo principal de la medida dispuesta por la Unión Europea “es asegurar que los productos ingresados y comercializados dentro del mercado común no provengan de cadenas de suministro relacionadas con la destrucción de ecosistemas forestales”. La regulación aspira a reducir la huella de la Unión Europea en la pérdida global de bosques y, al mismo tiempo, equiparar las obligaciones ecológicas con la capacidad de adaptación económica de empresas y Estados.
