La presentación fue realizada por el abogado Carlos Nayi, cuyo estudio se ubica a pocos metros del lugar del derrumbe. María Eugenia, integrante de la familia propietaria del inmueble donde operaba el bar y funcionaba una residencia en la planta alta, solicita a la fiscal Celeste Blasco que se investigue a fondo para "establecer todos los niveles de responsabilidad". El daño material es total: cinco habitaciones, tres baños, una terraza y el patio quedaron en estado de inhabitabilidad. “La propiedad quedó prácticamente destruida”, explicó el letrado.
Pero el nombre de Sarmiento Videla no es nuevo en este expediente. Años antes, fue demandada civilmente por María Gabriela Manfredi, quien explotó un emprendimiento gastronómico en ese mismo local entre 2009 y 2011. En ese proceso judicial, Manfredi denunció que durante la construcción del edificio lindero, a cargo de Fito SRL, caían escombros sobre su techo y vereda. Según indicó su abogada, la doctora Karina Zeverín, Manfredi “priorizó la vida cerrando el local en horarios de obra, aún sabiendo que eso la llevaba al borde de la quiebra económica. Pidió ayuda a Sarmiento Videla, quien prefirió mantenerse cercana a la empresa constructora antes que reclamar por los riesgos que amenazaban el inmueble”.
Ahora, en un texto que presentará ante la Cámara, Manfredi vuelve a hablar, con tono doloroso e indignado, repasa cómo la Justicia desestimó su denuncia. “Mientras yo prioricé la vida sobre la economía, ella siguió adelante como si nada”, escribió sobre Sarmiento Videla en esa presentación. Y advierte: si en aquel momento se hubieran tomado medidas, quizás la tragedia del sábado nunca habría ocurrido.
Mientras tanto, la investigación penal avanza con el apoyo de la Policía Judicial y especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional, que intentan establecer con precisión la causa estructural del colapso. Las imágenes tomadas por drones muestran que lo que cayó fue un revestimiento estético de concreto, de gran peso, cuya fijación y condiciones técnicas son ahora objeto de peritaje. Si se comprueba una falla en la construcción o en el anclaje del material, los responsables podrían enfrentar imputaciones por homicidio y lesiones, en un rango penal que va de la culpa al dolo eventual, si se prueba que conocían los riesgos.
La querella impulsada por Sarmiento Videla se suma a una causa ya compleja. La fiscal Blasco también ha emplazado al consorcio del edificio colindante, exigiéndole que en un plazo de 24 horas presente un plan de remediación urgente. Hay aún sectores del edificio en riesgo de desprendimiento y zonas que deben ser evaluadas para descartar nuevos peligros. Los titulares de las unidades también podrían enfrentar responsabilidades penales o civiles si se determina que fueron advertidos y no actuaron.
A la tragedia humana se le suman así las tensiones jurídicas, los reproches cruzados y las zonas grises de una historia que se remonta más de una década atrás. De un lado, la propietaria que ahora se presenta como víctima; del otro, una antigua inquilina que asegura haber alzado la voz antes que todo colapsara. En el medio, la empresa constructora, los funcionarios municipales y un sistema normativo que, como tantas veces, reacciona después de la tragedia.
