La referente María Sánchez Snipe dijo ayer a Puntal que promulgar la ley y no reglamentarla es “un atentado contra la Constitución nacional”.
Un amparo por discapacidad es “una acción judicial rápida y efectiva que una persona con discapacidad puede iniciar para proteger sus derechos, como la cobertura de prestaciones de salud por parte de obras sociales o prepagas, cuando estos derechos son vulnerados por una autoridad pública o un particular”.
Este recurso “busca garantizar la igualdad de condiciones y el acceso a los derechos de las personas con discapacidad, que se ven afectadas por barreras o negativas de acceso a servicios esenciales”.
Por su parte, el Foro Permanente para la Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad expresó su profundo descontento por la suspensión de la ley y pidió revertir la situación.
Como se informó, “el presidente Javier Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras el rechazo del Congreso a su veto, pero suspendió su ejecución hasta que el Congreso defina las partidas presupuestarias específicas para su financiamiento”.
Simultáneamente, “el Ejecutivo reasignó $ 121.364 millones para la Andis desde otras partidas, pero mantiene congelado el Programa Incluir Salud en su configuración actual”.
Tras la publicación de la ley y el decreto en el Boletín Oficial, el Foro Permanente para la Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad publicó un comunicado que dice: “Expresamos nuestro profundo descontento con un Gobierno que continúa desoyendo a la sociedad, incluso cuando esta le marcó límites claros en materia de derechos humanos básicos”.
“Instamos a que se revierta esta situación de inmediato. Seguimos manifestando nuestra preocupación ante la crueldad con la que se gobierna, poniendo en riesgo derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad y de las instituciones que las acompañan día a día”, agrega el comunicado mencionado.