El hecho, que generó fuerte impacto en los ámbitos judicial y educativo, ya es considerado un leading case en materia de violencia digital con perspectiva de género.
Por pedido de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Turno 6, se avanzó con la acusación formal contra J.M.C., de 19 años, por la creación y difusión de este contenido digital.
El fiscal Pablo Cuenca Tagle calificó la conducta como violencia psicológica, sexual y digital con perspectiva de género, y la encuadró penalmente como lesiones graves agravadas por violencia de género reiteradas.
El abogado querellante, José D’Antona, explicó que la novedad más reciente en la causa es la decisión de la jueza de control, quien ratificó la elevación a juicio y confirmó que el acusado deberá enfrentar un proceso oral. Aunque la defensa aún puede presentar un recurso ante la Cámara de Acusación, la resolución representa un paso decisivo.
16 compañeras
J.M.C. tenía 18 años al momento de los hechos. Mediante técnicas de face swapping, que permiten reemplazar rostros en imágenes o videos mediante IA, manipuló fotos reales de al menos 16 compañeras del colegio Manuel Belgrano de Córdoba e insertó sus caras en escenas sexuales.
Las imágenes fueron tomadas de redes sociales o grupos de mensajería, y publicadas en sitios pornográficos junto a frases ofensivas, todo sin consentimiento.
La investigación se inició a partir de la denuncia de varias estudiantes y egresadas, que advirtieron la circulación de ese material en la web.
Aunque el acusado usaba un seudónimo, quedó identificado por el correo electrónico vinculado a su nombre real y la IP del domicilio de su padre. En chats privados, reconoció haberlo hecho “por pendejo morboso” y aseguró que luego borraba los posteos, aunque las imágenes seguían indexadas en buscadores.
Daño psicológico y emocional
Aunque el Código Penal argentino no contempla de forma específica este tipo de delitos cometidos con inteligencia artificial, el fiscal avanzó con una acusación basada en el daño psicológico y emocional severo que sufrieron las víctimas, como trastornos de ansiedad, ataques de pánico y afectación profunda de la autoestima, tal como adelantó Puntal en el mes de junio.
D’Antona destacó que el caso deja en evidencia un vacío legal. A pesar de que no existe aún una figura penal exacta para la manipulación de imágenes con IA, la Justicia debió encuadrar el daño en una figura ya existente como las lesiones graves, para dar respuesta al sufrimiento de las víctimas. Este enfoque permite judicializar una nueva forma de violencia que ya está ocurriendo, aunque el sistema normativo aún no la contemple con precisión.
Además del proceso principal, J.M.C. enfrenta una segunda causa penal por tenencia de material de abuso sexual infantil. Durante el allanamiento realizado en su casa, los investigadores encontraron un video con contenido explícito protagonizado por menores de edad. Esa investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Ingrid Vago.
Según el abogado querellante, este juicio no busca aplicar la pena máxima, sino sentar jurisprudencia en un terreno legal aún virgen en la Argentina.
“El sistema judicial tuvo que encontrar una salida frente a una forma de violencia que afecta profundamente a las víctimas, aunque no esté tipificada con nombre propio”, explicó D’Antona.
El proceso judicial avanza hacia una etapa definitoria, será la primera vez en el país que se juzgue un caso de violencia digital con inteligencia artificial bajo esta calificación penal. La causa no sólo busca justicia para las víctimas, sino que también pone en debate los desafíos que plantean las nuevas tecnologías en el plano legal y social.
Este caso recuerda que el daño ejercido en el entorno digital no es menor ni simbólico: puede generar consecuencias reales, profundas y duraderas.
En un tiempo donde las herramientas tecnológicas permiten la reproducción ilimitada de contenido falso, este juicio también funciona como advertencia sobre los límites de la impunidad en la era digital.
