Se recelan. Se desconfían. Pero se necesitan. Juan Schiaretti ya conoce de primera mano cómo es sostener una sociedad política de ese tipo. Así fue su relación con José Manuel de la Sota desde 1999 en adelante. Se abrazaban, acordaban, conservaban el poder pero, en el fondo, ninguno le daba un centímetro de ventaja al otro: no prevalecían cuestiones emocionales sino, en definitiva, políticas.
Algo de eso parece estar construyéndose hoy entre el gobernador y el presidente Alberto Fernández. De a poco. Con pruebas mutuas de buena voluntad. El schiarettismo viene dándolas a fuerza de quorum y votos en el Congreso: primero, aprobó la ley de solidaridad (excepto la suba de las retenciones) y también aportó sus diputados para la limitación de las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos. El último capítulo fue partidario: después de 10 años de ausencia, el peronismo cordobés volvió a participar de un Congreso del PJ y le hizo así un guiño al proyecto de Fernández de unificar las partes dispersas.
Del otro lado, respondieron con la billetera. La Anses acaba de girarle a la Caja de Jubilaciones de Córdoba 478 millones de pesos para cubrir, en parte, el déficit del sistema previsional.
Durante las gestiones de Cristina, las discusiones en torno de la Caja servían para exteriorizar el profundo clima hostil que existía entre la Nación y los gobernadores del cordobesismo.
En El Panal remarcan que Alberto no es Cristina, que el actual Presidente habilita la posibilidad de un acuerdo sin que sea necesaria primero una sumisión pública absoluta ni una negación de las estrategias y los posicionamientos propios. Pero, además, vaya sorpresa, destacan que tampoco La Cámpora, que tiene un canal de diálogo directo con el schiarettismo, comete los mismos errores del pasado. Para no entorpecer esos hilos de conexión con el poder nacional, el schiarettismo le quita dramatismo y relevancia a la interna que el albertista Carlos Caserio ha planteado en Córdoba para morderle una porción de poder partidario al gobernador. La adjudican a un juego de posicionamientos meramente personal.
En el oficialismo nacional impera, señalan en Córdoba, una mirada política estratégica pero también pragmática. El gobierno de Alberto Fernández, aun con sus contradicciones internas, ha fijado como un objetivo de primer orden que haya unidad en el peronismo. Y esa unidad no puede prescindir de la variante cordobesa.
Lo que existe es un escenario de necesidades cruzadas. Porque, básicamente, ya nada es lo que era.
El Ejecutivo nacional no habilita un entendimiento con Córdoba sólo para aglutinar al peronismo y mostrarse fuerte de cara a las negociaciones clave que se vienen. También precisa del aporte más palpable de sus votos en el Congreso. Del otro lado, el schiarettismo tampoco puede pensar en darse el lujo de ir a un escenario que reviva el enfrentamiento con la Nación.
Porque la crisis sostenida, argumentan en El Panal, ha ido socavando las fortalezas. Córdoba dispone de más armas que otras provincias para enfrentar un cimbronazo si el gobierno de Alberto fracasa, pero ya no puede, como hizo durante el cristinismo, desacoplarse de la Nación y vivir con lo propio. No están las condiciones políticas, porque hoy sería impensado crear un impuesto propio a los combustibles con el argumento de que Buenos Aires discrimina a Córdoba, ni financieras, porque las endebleces estructurales no son fáciles de erradicar.
“Mirá, problemas de caja hoy tenemos todos. Ya no podemos decir: ‘Bueno, el gobierno nacional tiene una crisis y que se arregle’. Es indispensable que discutamos en conjunto cuestiones comunes muy complejas”, indicaron en el oficialismo cordobés.
Una de esas cuestiones son las jubilaciones. Alberto ya comenzó a ajustar en ese plano con el achatamiento de la pirámide, pero el gobierno de Schiaretti está convencido de que esa medida es absolutamente insuficiente, casi cosmética, y que es insoslayable discutir los sistemas previsionales porque, aseguran, así como están son insostenibles. Y, en ese marco, no sólo se revisarán las jubilaciones nacionales sino también las provinciales. De esa forma, el gobierno cordobés le abre la puerta a un debate que parecía vedado y fue motivo de encontronazos públicos con el cristinismo en la gestión anterior. Y que jamás está exento de costos políticos.
Así como el sistema previsional viene arrastrando sus achaques, las urgencias por recaudar más hizo que el gobierno nacional decidiera aumentar en otros tres puntos las retenciones a la soja y someterse así al riesgo de reeditar el conflicto con el campo.
En ese punto, también pueden adivinarse los canales de diálogo entre la Nación y la Provincia. El schiarettismo ha ratificado su posición contraria a los derechos de exportación pero tampoco exagera. Por lo bajo, sostiene que hay que sondear alternativas para cobrarle a ese sector, uno de los pocos que generan dólares, pero sin afectar la productividad.
En El Panal no ven las condiciones para que la hostilidad del campo llegue a niveles de 2008, cuando la 125 generó cortes de ruta en todo el país y le propinó a Cristina una de sus derrotas políticas más traumáticas. Sin embargo, advierten que no hay que confiarse. “El tractorazo en Córdoba del jueves fue importante. Y las bases desbordaron a las entidades. Uno nunca sabe en qué derivan esos conflictos”, señalan en el schiarettismo.
Y mientras el campo protesta y se lanza a un cese de comercialización, en el sur provincial existe un proceso electoral que siguen con atención los gobiernos de Fernández y de Schiaretti.
A Llamosas le incomoda el conflicto con el campo, más todavía la falta de perspectiva sobre su desarrollo. No puede sobreactuar un rechazo a la decisión del gobierno de Alberto porque el intendente espera fondos y sigue la línea del Ejecutivo provincial; además, tiene al albertismo en su lista.
Su decisión es esquivar las definiciones personales todo lo posible. En las últimas horas apareció Claudia Márquez, diputada nacional, para declarar que votó en contra del aumento a las retenciones en el Congreso sobre la base del criterio político establecido por Llamosas. Destacó además que el intendente acaba de incorporar a su lista a representantes del agro como, por ejemplo, Germán Di Bella.
El intendente, que la semana pasada protagonizó un cuidado lanzamiento de campaña en el que se erradicó cualquier resabio folclórico de peronismo, hace equilibrio. La oposición lo azuza para tratar de sacarlo de su plan de acción. Abrile lo trata de kirchnerista y expoliador del campo. Eduardo Scoppa le reclama que pare con la deuda porque es impagable.
Las retenciones le introducen un ruido. Pero se aferra a la expectativa de que, otra vez, a la hora de votar los riocuartenses se despojen de la mochila nacional y se centren principalmente en la ciudad y su sociedad con la Provincia.
Marcos Jure. Redacción Puntal
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Del otro lado, respondieron con la billetera. La Anses acaba de girarle a la Caja de Jubilaciones de Córdoba 478 millones de pesos para cubrir, en parte, el déficit del sistema previsional.
Durante las gestiones de Cristina, las discusiones en torno de la Caja servían para exteriorizar el profundo clima hostil que existía entre la Nación y los gobernadores del cordobesismo.
En El Panal remarcan que Alberto no es Cristina, que el actual Presidente habilita la posibilidad de un acuerdo sin que sea necesaria primero una sumisión pública absoluta ni una negación de las estrategias y los posicionamientos propios. Pero, además, vaya sorpresa, destacan que tampoco La Cámpora, que tiene un canal de diálogo directo con el schiarettismo, comete los mismos errores del pasado. Para no entorpecer esos hilos de conexión con el poder nacional, el schiarettismo le quita dramatismo y relevancia a la interna que el albertista Carlos Caserio ha planteado en Córdoba para morderle una porción de poder partidario al gobernador. La adjudican a un juego de posicionamientos meramente personal.
En el oficialismo nacional impera, señalan en Córdoba, una mirada política estratégica pero también pragmática. El gobierno de Alberto Fernández, aun con sus contradicciones internas, ha fijado como un objetivo de primer orden que haya unidad en el peronismo. Y esa unidad no puede prescindir de la variante cordobesa.
Lo que existe es un escenario de necesidades cruzadas. Porque, básicamente, ya nada es lo que era.
El Ejecutivo nacional no habilita un entendimiento con Córdoba sólo para aglutinar al peronismo y mostrarse fuerte de cara a las negociaciones clave que se vienen. También precisa del aporte más palpable de sus votos en el Congreso. Del otro lado, el schiarettismo tampoco puede pensar en darse el lujo de ir a un escenario que reviva el enfrentamiento con la Nación.
Porque la crisis sostenida, argumentan en El Panal, ha ido socavando las fortalezas. Córdoba dispone de más armas que otras provincias para enfrentar un cimbronazo si el gobierno de Alberto fracasa, pero ya no puede, como hizo durante el cristinismo, desacoplarse de la Nación y vivir con lo propio. No están las condiciones políticas, porque hoy sería impensado crear un impuesto propio a los combustibles con el argumento de que Buenos Aires discrimina a Córdoba, ni financieras, porque las endebleces estructurales no son fáciles de erradicar.
“Mirá, problemas de caja hoy tenemos todos. Ya no podemos decir: ‘Bueno, el gobierno nacional tiene una crisis y que se arregle’. Es indispensable que discutamos en conjunto cuestiones comunes muy complejas”, indicaron en el oficialismo cordobés.
Una de esas cuestiones son las jubilaciones. Alberto ya comenzó a ajustar en ese plano con el achatamiento de la pirámide, pero el gobierno de Schiaretti está convencido de que esa medida es absolutamente insuficiente, casi cosmética, y que es insoslayable discutir los sistemas previsionales porque, aseguran, así como están son insostenibles. Y, en ese marco, no sólo se revisarán las jubilaciones nacionales sino también las provinciales. De esa forma, el gobierno cordobés le abre la puerta a un debate que parecía vedado y fue motivo de encontronazos públicos con el cristinismo en la gestión anterior. Y que jamás está exento de costos políticos.
Así como el sistema previsional viene arrastrando sus achaques, las urgencias por recaudar más hizo que el gobierno nacional decidiera aumentar en otros tres puntos las retenciones a la soja y someterse así al riesgo de reeditar el conflicto con el campo.
En ese punto, también pueden adivinarse los canales de diálogo entre la Nación y la Provincia. El schiarettismo ha ratificado su posición contraria a los derechos de exportación pero tampoco exagera. Por lo bajo, sostiene que hay que sondear alternativas para cobrarle a ese sector, uno de los pocos que generan dólares, pero sin afectar la productividad.
En El Panal no ven las condiciones para que la hostilidad del campo llegue a niveles de 2008, cuando la 125 generó cortes de ruta en todo el país y le propinó a Cristina una de sus derrotas políticas más traumáticas. Sin embargo, advierten que no hay que confiarse. “El tractorazo en Córdoba del jueves fue importante. Y las bases desbordaron a las entidades. Uno nunca sabe en qué derivan esos conflictos”, señalan en el schiarettismo.
Y mientras el campo protesta y se lanza a un cese de comercialización, en el sur provincial existe un proceso electoral que siguen con atención los gobiernos de Fernández y de Schiaretti.
A Llamosas le incomoda el conflicto con el campo, más todavía la falta de perspectiva sobre su desarrollo. No puede sobreactuar un rechazo a la decisión del gobierno de Alberto porque el intendente espera fondos y sigue la línea del Ejecutivo provincial; además, tiene al albertismo en su lista.
Su decisión es esquivar las definiciones personales todo lo posible. En las últimas horas apareció Claudia Márquez, diputada nacional, para declarar que votó en contra del aumento a las retenciones en el Congreso sobre la base del criterio político establecido por Llamosas. Destacó además que el intendente acaba de incorporar a su lista a representantes del agro como, por ejemplo, Germán Di Bella.
El intendente, que la semana pasada protagonizó un cuidado lanzamiento de campaña en el que se erradicó cualquier resabio folclórico de peronismo, hace equilibrio. La oposición lo azuza para tratar de sacarlo de su plan de acción. Abrile lo trata de kirchnerista y expoliador del campo. Eduardo Scoppa le reclama que pare con la deuda porque es impagable.
Las retenciones le introducen un ruido. Pero se aferra a la expectativa de que, otra vez, a la hora de votar los riocuartenses se despojen de la mochila nacional y se centren principalmente en la ciudad y su sociedad con la Provincia.
Marcos Jure. Redacción Puntal
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