Sostuvo que está fuera de la ley, dado que aún no se instrumentó la emergencia, y reclamó un 70%. “Con estas subas busca desmovilizarnos en relación con el principal objetivo que es la aplicación de la norma”, aseguró
El colectivo de discapacidad rechazó el aumento del 35% del gobierno nacional.
Sostuvo que está fuera de la ley, dado que aún no se instrumentó la emergencia, y reclamó un 70%.
“Con estas subas busca desmovilizarnos en relación con el principal objetivo que es la aplicación de la norma”, aseguró.
El colectivo de discapacidad está formado por los pacientes, sus familiares, los profesionales y los transportistas.
Como informó Puntal, “en el marco de una gestión que prioriza la normalización y la previsibilidad del sistema de atención a las personas con discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informó que se implementará un aumento de entre 29% y 35% en los valores del nomenclador para prestadores de discapacidad”.
El aumento del nomenclador “se materializa gracias a una decisión administrativa del jefe de Gabinete de la Nación, en un paso más hacia una gestión más ordenada y responsable de los recursos, que busca fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”.
Con este incremento, “se verán beneficiados los profesionales y prestadores que brindan un abanico de servicios esenciales, tales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y de rehabilitación, y también los usuarios manteniendo la calidad y continuidad de los servicios”.
Este tipo de medidas “no sólo otorga previsibilidad al sistema, sino que también reconoce el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días”.
Ydesde el colectivo de discapacidad se respondió:“La lucha popular logró generar este pequeño aumento, que no le sirve a los trabajadores y en la cadena no le sirve a las familias ni a las personas con discapacidad que no tenemos las prestaciones que nos corresponden. El Gobierno sigue encaprichado con sostener el déficit cero, mientras la cámara empresarial pelea por el aumento pero no exige la aplicación de la ley”.
“El porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada y los costos reales de funcionamiento y los nuevos montos se terminarán de cobrar recién entre marzo y abril de 2026”, se concluyó.
