El cuerpo de Milagros Basto fue encontrado el 5 de julio en un avanzado estado de descomposición. La joven, quien vivía en situación de vulnerabilidad y era madre de un niño, había sido vista por última vez en agosto de 2024. Su familia había denunciado su desaparición y, después de varios meses de incertidumbre, la tragedia quedó al descubierto cuando dos albañiles que realizaban refacciones en un edificio de la calle Buenos Aires al 300, en pleno centro de Córdoba, descubrieron el cadáver dentro de un placard tapiado con cemento. El cuerpo fue hallado cuidadosamente oculto y atado, lo que indicaba la deliberada intención de ocultar el crimen. Casi un mes después del hallazgo, pudo confirmarse su identidad.
El departamento donde se halló el cuerpo pertenecía a Jorge Javier Grasso, el hermano de Horacio Antonio Grasso, un expolicía condenado por un crimen en contexto narco. Horacio, quien ya se encontraba detenido en Bouwer al momento del macabro hallazgo, está imputado como autor del femicidio de Milagros. Por su parte, Jorge Javier Grasso ha sido imputado por el delito de encubrimiento agravado, ya que se sospecha que ayudó a ocultar el cuerpo y a obstruir el curso de la justicia.
El fiscal de la causa, José Bringas, ordenó el arresto de Jorge Javier Grasso el 14 de agosto. Sin embargo, el imputado logró eludir a la Policía y se encuentra prófugo desde entonces. Ante la posibilidad de que haya abandonado el país, la Justicia activó una alerta internacional a través de Interpol. Esto incluye el envío de notificaciones a Migraciones, el control en fronteras, allanamientos y patrullajes en varias provincias, además de una búsqueda en el extranjero.
En el marco de la investigación, se conoció que este Grasso protagonizó un inquietante episodio en el edificio en donde vivía. Vecinos del complejo de la avenida Colón al 600 enviaron a un medio local videos que muestran al imputado espiando a través de las cerraduras de varios departamentos. Según los testimonios de los vecinos, Jorge Grasso mantenía una relación conflictiva con todos los residentes del edificio.
El comportamiento perturbador de Grasso no es un hecho aislado. En 2024, en Paraguay, fue detenido por robar un bolso con 12 mil dólares en un shopping de Ciudad del Este. Tras su arresto, pidió ser tratado como mujer, ya que en su documento figuraba como de género femenino, a pesar de que su nombre seguía siendo el mismo. Este intento de manipulación judicial terminó con su deportación y su regreso a Córdoba.
El femicidio de Milagros Basto sigue generando una profunda conmoción en la comunidad, especialmente en su familia. Los padres adoptivos de la joven, quienes la criaron desde los tres meses de vida, se presentaron como querellantes en la causa. Su dolor es palpable: “Nos destruyó todo. Queremos justicia por ella. Que caigan todos los que tengan que caer”, expresó la madre adoptiva de Milagros. Aunque la investigación sigue su curso, la intervención de la justicia es vista por la familia como tardía, lo que deja una herida abierta en la lucha contra la impunidad.
El caso trasciende lo judicial y se convierte en un grito de alerta sobre las fallas estructurales del sistema de justicia. La situación de Horacio Grasso, quien contaba con prisión domiciliaria a pesar de su condena previa y de las reiteradas violaciones de las condiciones impuestas, refleja la lentitud y la ineficiencia del sistema judicial, que no parece actuar con la urgencia y el rigor que el contexto exige. La fuga de su hermano, Jorge Javier Grasso, quien está imputado por encubrimiento, deja aún más expuesta la fragilidad de las políticas de control sobre los acusados con regímenes de prisión domiciliaria y la falta de respuestas ante violaciones a esos regímenes.
