La audiencia fue corta. Laurta se negó a responder preguntas del fiscal Gerardo Reyes, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de segundo turno. Su defensa había pedido que la declaración fuera presencial, y no por videoconferencia. Así fue: lo trajeron a Córdoba, lo sentaron frente al fiscal, y aun así el imputado eligió callar. Solo repitió las mismas afirmaciones que lleva meses repitiendo: las denuncias falsas que la Justicia ya desestimó en abril, y el supuesto “rescate” de su hijo, argumento con el que intenta reescribir la historia de lo que fue un crimen atroz.
El operativo de traslado fue de máxima seguridad. Esta vez no hubo cámaras siguiéndolo de cerca ni cronistas lanzando preguntas a su paso. La policía lo hizo ingresar por pasillos interiores, y cuando debió cruzar zonas con presencia de prensa, los efectivos del Grupo ETER levantaron escudos para cubrir su rostro. En otras circunstancias, Laurta había aprovechado los traslados para montar un show mediático: hablaba, sonreía, arengaba frases sueltas contra el feminismo, y repetía en voz alta el mismo relato que la Justicia había descartado. No era un acto de defensa, sino de propaganda. Por eso, el blindaje de este jueves fue, al mismo tiempo, un signo de prudencia y una pregunta abierta: ¿de qué lo protege la policía? ¿Y por qué se cuida tanto la imagen de quien no dudó en borrar dos vidas y dejar huérfano a un niño?
En la sala de audiencias, Laurta se aferró a su versión. No habló del 11 de octubre, del barrio Villa Serrana ni del niño que caminó de su mano después de los disparos. Volvió, en cambio, sobre los expedientes archivados: acusaciones falsas contra Mariel Zamudio y contra Luna, que fueron investigadas y descartadas tras pericias exhaustivas en la Fiscalía de Integridad Sexual de 1° turno, a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique. Allí, los estudios psicológicos, socioambientales y testimoniales confirmaron lo que ya era evidente: Laurta mentía. Su denuncia era parte de una estrategia de hostigamiento, una más dentro de un largo historial de violencia y manipulación.
Luna, la joven asesinada, había denunciado a su expareja más de una vez. Vivía con el botón antipánico y bajo orden de restricción. Tenía un hijo de seis años, estudiaba en la universidad y, con la ayuda de su madre, intentaba reconstruir una vida sin miedo. Mariel, su madre, la acompañaba a cada paso. Entre ambas habían tejido una red de afecto y protección que les daba cierta seguridad. Pero el 11 de octubre esa red se rompió a balazos.
Sobre el estado psicológico de Laurta, hasta ahora solo trascendieron los resultados preliminares de la pericia psiquiátrica realizada en Entre Ríos, donde se lo investiga por el asesinato del chofer que lo trasladaba hacia Córdoba, un hombre que lo conocía de viajes anteriores. Según fuentes judiciales de esa provincia, el estudio no arrojó indicios de inimputabilidad: Laurta comprendía sus actos, sabía lo que hacía y podía dirigir sus acciones. El propio ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, declaró que el imputado “mostró un alto nivel de planificación y frialdad”, y que la hipótesis de una alteración mental carecía de sustento clínico. En Córdoba, la fiscalía aguarda una nueva pericia complementaria, pero todo indica que no hay evidencia médica que lo exima de responsabilidad penal.
Mientras tanto, la ciudad sigue exigiendo justicia. Laurta no fue un enfermo que perdió el control; fue un violento que lo planificó todo. El crimen de Luna y Mariel forma parte de una secuencia conocida: denuncias desoídas, medidas de protección vulneradas, manipulación judicial, eliminación física de quienes representaban el límite a su dominio y discursos de odio que justifican la posesión.
Este jueves, en los pasillos de Tribunales II no hubo micrófonos ni frases grandilocuentes. Solo un hombre rodeado de escudos, avanzando por corredores vedados, y detrás, un calor que parecía quemar el aire y el recuerdo.
El silencio de Laurta ante el fiscal no borra lo que ya se sabe. Lo agrava. Porque su negativa a responder no es un gesto de defensa, sino de desprecio: la misma soberbia que ejerció sobre Luna y Mariel, ahora dirigida al Estado que lo juzga.
Luna Giardina y Mariel Zamudio no son solo víctimas de un femicidio; son el espejo de un sistema que aún falla en anticipar lo inevitable, y de una cultura que sigue confundiendo amor con propiedad.
