La figura de asociación ilícita aparece cuando varias personas se organizan para cometer delitos en forma estable y coordinada. No se trata de un hecho aislado, sino de un grupo con roles definidos para llevar adelante actividades ilegales. En este caso, la Justicia sospecha que Casas Arregui y sus socios integraban una organización con estructura propia.
La otra imputación es por intermediación financiera ilegal. Esto ocurre cuando se hacen operaciones típicas de los bancos o entidades reguladas, como recibir dinero de terceros, dar préstamos, o manejar inversiones, sin autorización del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores. En criollo, es armar un banco o una financiera paralela sin controles oficiales, lo que deja a los ahorristas sin garantías frente a pérdidas o estafas.
Según la hipótesis judicial, Casas Arregui y su socio Jerónimo Pascual Clementi, también detenido, manejaban desde 2016 un esquema financiero paralelo. Habrían captado dinero de particulares y empresas prometiendo altas tasas de interés y, con esos fondos, desarrollaban un circuito de préstamos, descuentos de cheques, compraventa de moneda extranjera y transferencias dentro y fuera del país. Parte del dinero circulaba en cuentas locales y otra parte en cuentas del exterior, en lugares como Puerto Rico, Suiza o Estados Unidos, a nombre de terceras personas o sociedades.
El resto de los acusados, hasta ahora en libertad, son en su mayoría familiares y allegados del financista: su esposa Claudia Farah, su suegro Luis Farah, su hermano Lucas, además de empleados y colaboradores. Todos están imputados como integrantes de la presunta asociación ilícita.
El perfil del detenido explica el impacto de la noticia. Nacido en una familia trabajadora, empezó a los 13 años ayudando en la bicicletería de sus padres. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Córdoba y se formó en bancos locales hasta llegar a trabajar en Merrill Lynch, la firma internacional que lo introdujo en el mundo bursátil.
Tras la crisis de 2001 fundó su propia sociedad de bolsa, S&C Inversiones, con la que se consolidó como uno de los principales agentes de liquidación y compensación del país. Su empresa estaba entre las primeras del interior en varios rankings nacionales y participaba en programas de financiamiento para pymes. Además, integraba la mesa directiva de la Bolsa de Comercio de Córdoba, presidía otras firmas y tenía vínculos con organismos nacionales.
El martes pasado, siguiendo el consejo de su abogado Roger Auad, Casas Arregui interrumpió sus vacaciones en Miami y volvió al país para ponerse a disposición de la Justicia. Apenas pisó suelo cordobés fue detenido. Al día siguiente negó los cargos en indagatoria y se abstuvo de declarar. Su defensa sostiene que todas las operaciones eran legales y que podrá demostrarlo cuando se conozcan en detalle las pruebas.
La detención de Casas Arregui tuvo un efecto inmediato en el ambiente bursátil. No se trata de un operador marginal, sino de uno de los más influyentes fuera de Buenos Aires, con capacidad de manejar grandes volúmenes de operaciones y generar productos financieros innovadores.
Por eso, el caso no sólo apunta a esclarecer un presunto delito económico, sino que también golpea la credibilidad del mercado local y reabre el debate sobre los límites entre la actividad financiera regulada y las maniobras que, sin control estatal, pueden convertirse en ilegales y poner en riesgo a los inversores.
El proceso recién empieza. Casas Arregui y Clementi seguirán detenidos mientras avanza la investigación. El resto de los acusados deberá responder en libertad, aunque todos enfrentan cargos graves. La Justicia federal busca determinar el volumen total de dinero manejado por la organización, la red de cuentas en el exterior y la posible existencia de lavado de activos.
