Vale recordar que luego de ser aprobada en primera instancia en ambas cámaras del Congreso, el Poder Ejecutivo vetó la normativa y luego el trámite retornó al debate parlamentario donde se insistió con la decisión de reforzar las partidas para las casas de altos estudios.
Ahora, con esa ratificación del Congreso, el consejo superior solicita al Poder Ejecutivo Nacional la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, pero también de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Emergencia Pediátrica, las tres leyes respecto a las cuales el Congreso de la Nación logró recientemente revertir el veto presidencial.
El debate se inició en el cuerpo colegiado a instancias de una nota presentada por un grupo de estudiantes donde se hace un abordaje crítico de la situación universitaria en temas como Ley de Financiamiento Universitario, presupuesto para educación y ciencia, ajuste y vaciamiento de la universidad pública; y la defensa de los salarios y condiciones de trabajo de docentes y nodocentes.
Por otra parte, el consejo superior habilitó a la rectora Marisa Rovera para hacer llegar el pronunciamiento al Consejo Interuniversitario Nacional-CIN y a la vez promover el debate sobre los distintos temas de la nota presentada por los estudiantes en los consejos directivos de las facultades y en las distintas comisiones del propio consejo superior.
También se estableció que el pronunciamiento definido en la sesión se exprese a la comunidad por medio de una resolución del cuerpo colegiado.
El posicionamiento de la casa de altos estudios local va en línea con lo expresado en los últimos días por otras universidades nacionales del país, como la UBA, que esta semana también se manifestó mediante un comunicado oficial “que la norma permitirá consolidar el prestigio académico alcanzado a nivel internacional, manteniendo a la educación superior argentina en estándares de élite. Además, subrayó que este paso legislativo refleja el compromiso de diputados y senadores con valores considerados ‘innegociables’ por la ciudadanía”, remarcó.
Y agregó el pedido al Poder Ejecutivo Nacional para “que promulgue y reglamente la normativa a la brevedad, para garantizar que los recursos lleguen de manera concreta a las universidades públicas del país”.
